Cuidado con esa ley de salarios

LA VOZ DE LOS QUE NO LA TIENEN ||

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Podría ser que la medicina resulte peor que la enfermedad, en caso de que se apruebe una ley de salarios para los servidores públicos, que profundice el nivel de inequidad o distorsiones que se produce en las instituciones del Estado dominicano.
 
Para que esa ley sea justa y equilibrada deben tornarse en cuenta dos aspectos fundamentales; que son el respeto a nuestra Carta Sustantiva y la naturaleza de la dependencia gubernamental en que se asignará el nivel salarial a sus empleados y funcionarios.
 
En caso contrario, que se quieran o se pretendan imponer criterios populistas u oportunistas con la aprobación de esa iniciativa, lejos de esas accesiones estaríamos empujando a funcionarios y empleados calificados a renunciar o a cometer actos de corrupción en ciertas instituciones del Estado, donde se manejan o regulan altos volúmenes de recursos económicos.
 
Inteligentemente, el legislador dominicano tomó hace mucho tiempo la decisión de diferenciar el estatus y los niveles salariales de algunas dependencias estatales, como son las que tienen que ver con el manejo financiero del gobierno, dado el nivel de responsabilidad que tienen que asumir en el manejo de los recursos que le ingresan al fisco y en las regulaciones que tienen que asumir frente a instituciones privadas que utilizan grandes recursos tecnológicos y en especie.
 
No podemos darnos el lujo de perder de un plumazo el avance y el prestigio logrado en los últimos años por el Banco Central, la Superintendencia de Bancos, la Dirección General de Impuestos Internos y otros organismos descentralizados, solo porque un puñado de politiqueros por tratar de hacerse graciosos con el gobierno que inicia el 16 de agosto, pretenda cambiarlo todo de buenas a primeras.
 
La Constitución de la República y las leyes especializadas que rigen las instituciones del sector financiero del gobierno son muy claras y específicas en cuanto a la forma  en que explican el objeto y la naturaleza de cada dependencia, por cuanto las mismas deben servir como punto de partida para que el Congreso Nacional tome su decisión respecto a ellas, dentro del proyecto de ley salarial.
 
Precisamente es la naturaleza y característica de eficiencia y avances tecnológicos que permiten diferenciar a las instituciones del sector financiero del gobierno de otras dependencias donde abunda el clientelismo y la cháchara política, lo que, a lo largo de tantos años ha sido visto por las clases profesionales de nuestro país, como una excelente oportunidad para conseguir una posición en una de ellas.
 
De incluirse a esas instituciones en la ley salarial del Estado, estaríamos no solo quitando el sueño a tantos profesionales dominicanos que aspiran y desean trabajar en esos organismos por los niveles de prestigio que les reportará, tanto  económico, como profesional.
 
De hecho constituye un retroceso y desacertada medida que al Banco Central y las demás instituciones financieras del gobierno sean incluidas en la ley salarial, porque en ninguna parte del mundo las conquistas ganadas por los empleados o funcionarios de tal o cual dependencia se pueden disminuir, porque sería lo mismo que eliminarlas, como se ha querido hacer con estas.
 
Saludamos los pronunciamientos de la Asociación de Bancos Comerciales de la República Dominicana (ABA), otras instituciones, políticos y comunicadores, en defensa de que se mantengan los niveles de eficiencia y calidad de los servicios que ofrecen las dependencias financieras del Estado, porque de lo contrario estaríamos dando paso a la corrupción, al desequilibrio, al parasitismo y al desorden.
 
Ojalá se imponga el raciocinio y la sensatez entre nuestros legisladores y consideren como justas y necesarias las sugerencias hechas los especialistas en la materia y profesionales del derecho que también se han pronunciado al respecto.
agendasemanal@hotmail.com