La mercantilización del agua en República Dominicana

LA VOZ DE LOS QUE NO LA TIENEN ||

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Enmarcado en la Estrategia Nacional de Desarrollo (END), que el Gobierno dominicano  ha confeccionado y enarbolado como uno de sus mayores logros políticos en el país, el proceso de elaboración de un marco legislativo para las aguas ha llevado al diseño de dos nuevas leyes sobre el asunto: la Ley General de Aguas y la Ley de Agua Potable y Saneamiento (Ley APS).
 
El marco legislativo, cuya propuesta se encuentra actualmente en el Congreso, bajo supuesto análisis, permitirá la privatización del agua  y la convertirá en un negocio y mercancía que limitará el acceso a las poblaciones pobres de República Dominicana.
 
Esta propuesta de Ley APS ha sido financiada por el Banco Mundial, que ha designado para su elaboración a un consultor argentino, quien atesora varias concesiones de prestación de servicios de agua potable y saneamiento a lo largo de América latina.
 
De sobra es conocido que el Banco Mundial acostumbra a condicionar sus créditos y financiaciones a alguna forma de privatización, desregulación o modificación de marcos legislativos (en 2002 lo hizo en más del 80% de las ocasiones).
 
Tras un profundo análisis por parte de organizaciones campesinas, urbanas y especialistas en materia jurídica, hidrológica, ambiental, derechos humanos, antropología, etc., sostenemos que nuestra Tierra, el ambiente y la naturaleza, incluyendo la humana se encuentran en claro riesgo en caso de aprobación de esta Ley. Y es que el actual documento dispone la privatización del sector de manera clara y evidente, pues en primer lugar, la Ley no determina expresamente el carácter común del preciado líquido, esencial para la vida.
 
En lo relacionado directamente con la privatización del recurso, dispone hasta 7 modalidades diferentes de participación del sector privado, incluyendo venta de acciones, concesiones y proyectos BOO y BOT, en los que el Estado entregará la propiedad de los acueductos y sus fuentes a las concesionarias multinacionales.
 
El Gobierno vendió la compañía eléctrica (CDE), con el engaño de que después de la privatización, la energía eléctrica sería más barata y desaparecerían de una vez por todas, los apagones. Hoy se comprueba exactamente lo contrario, pues estos continúan como antes o peor.
 
Este es el mismo pretexto que usan para la privatización del agua, esta vez, incluyendo artículos en la Ley APS, como el número 175, donde reza que el objetivo de la privatización es “mejorar la calidad de los servicios prestados, los niveles de cobertura, lograr mayores niveles de eficiencia en la prestación con menores niveles tarifarios, alcanzar el acceso de toda la población a estos servicios y posibilitar un uso eficiente de los recursos naturales”. Esto es del todo falso, pues en los últimos 20 años se ha privatizado el sector agua en la mayoría de los países latinoamericanos, con resultados espantosos como el de Argentina, con su 63% de contratos devueltos y tarifas prohibitivas para la población.
 
Los operadores privados significan una amenaza contra los principios de universalidad y equidad, ya que se han centrado siempre en las posibilidades del negocio, dejando para el sector público las zonas menos rentables.
 
En el artículo 9, del referido proyecto de ley, señalan que es el Poder Ejecutivo el que tiene facultad de manera irrestricta  para designar a las instituciones y miembros que formen parte del Consejo Directivo de Anagua. La participación de la sociedad civil es reducida por lo que limita la democracia en los procesos de gestión.
 
La propuesta de ley debe señalar que el Consejo Directivo de Anagua no puede estar designado por el Poder Ejecutivo. La Plataforma por el Agua propone que dichos miembros sean elegidos por una asamblea u organismo formado por las organizaciones de la sociedad civil en conjunto con el Estado.
 
Es que la etapa de elaboración ha carecido de todo carácter participativo, que no solo se opone a nuestros intereses y forma de entender el ejercicio de la política, sino que, además, contradice lo expuesto en las políticas transversales de la END en cuyo artículo 15 dice: “promover la participación social en la formulación de las políticas públicas.”
 
Por todo esto se ha conformado la Plataforma por el Agua: un conjunto de personas y organizaciones, tanto nacionales como internacionales, que conscientes del derecho colectivo de acceso al líquido, su beneficio e importancia común y natural, se opone a cualquier forma de privatización y lucha por una política justa, humana y ambientalmente, que garantice el derecho de la población a obtenerla y participar en dicha gestión.
 
El agua es un derecho y un bien público que no debe estar a merced de los especuladores, ni de intereses privados. Su disponibilidad para la alimentación, la higiene, la salud es prioridad absoluta. Y han de ser políticas públicas las que garanticen una dotación adecuada para la poblaciones rurales y urbanas.
 
La Plataforma por el Agua sostiene que es un bien destinado para todos los seres humanos y otras especies del planeta. Si se privatiza, ese derecho se vulnera, pues reducirá el acceso a todos los seres vivos. De aprobarse esta propuesta de ley se estarían violando los derechos humanos y los derechos de la Tierra (otros seres vivos).
 
La mercantilización del agua suprime los marcos de la sostenibilidad en el ámbito ambiental y de las comunidades, poniendo en juego la pérdida de los ecosistemas y la seguridad de la vida de las generaciones venideras. El Estado dominicano tiene que garantizarla como patrimonio nacional, estratégico, de uso público e inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la existencia.
 
La privatización, tal como se expone en esta propuesta de ley, se enmarca en una visión que importantizan los derechos individuales y no los colectivos. Esta propuesta de ley tiene una visión antropocéntrica, pues no toma en cuenta a otras especies, ni a los ecosistemas. Los bienes comunes tienen que ser manejados desde una plataforma más abierta, en la que se involucren diversos colectivos y no solamente el Estado, o las instancias que están vinculadas con la gestión del agua.
 
En este sentido, hay una marcada tendencia en la propuesta de ley de propiciar la privatización desde el almacenamiento, abastecimiento, depuración y distribución. En pocas palabras, quieren convertir el agua en un negocio. En esta propuesta se define claramente que un recurso natural puede convertirse en mercancía.
 
Para gestionar y/o cogestionar el agua es necesario invertir en obras de infraestructura y este financiamiento no debe ser adjudicado al sector privado, ni pretender negociar con el recurso en aras de lograr rentabilidad mediante el mercado. La financiación tiene que correr por el Estado y la cooperación internacional.
 
Apostar por la desprivatización del agua, implica que el Estado dominicano y la sociedad civil gestione y cogestione adecuadamente los recursos hídricos, ya que son limitados y debe hacerse bajo un enfoque social y participativo.
 
La Plataforma por el Agua considera que se debe incluir un acápite  que señale que el agua es un bien común, esencial para la vida, en  conformidad con la resolución 64-292, emitida por la Asamblea de las Naciones Unidas, en fecha del año 2010, y ratificada por el entonces Presidente de la República Leonel Fernández. En dicho párrafo tiene que decir claramente que el agua y el saneamiento son derechos humanos.
 
Exigimos participación ciudadana efectiva y real en la toma de decisiones, que toda persona tenga acceso a un servicio de calidad y saneamiento de las aguas contaminadas, sin importar la localidad o poder adquisitivo. Que el saneamiento asegure el ciclo hidrológico sin pérdida en su calidad, y que se ajuste el cobro del servicio de acuerdo a los ingresos de cada familia.