Tras larga discusión, y después de haber escuchado todos los sectores, entre ellos el Conani, Ministerio Público, Unicef, entre otros, la Cámara de Diputados declaró de urgencia y aprobó en dos lecturas consecutivas el proyecto que modifica siete artículos del Código para el Sistema de Protección para los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes (Código del Menor), lo que implica, además, que se eleven las penas a los menores en conflicto con la Ley.
El problema es que, como en situaciones anteriores, se están tratando “los frutos enfermos”, en vez de buscar los males en el tronco y la raíz, que es donde están los principales gérmenes malignos.
Se prevé que dicha modificación a la ley reducirá los crímenes y delitos cometidos por ese segmento de la población, pues se aumentan las penas máximas de 3 a 10 años de reclusión para los menores que delinquen con edades entre los 13 y 15 años; y la máxima de 5 a 15 años de reclusión a los que delinquen con edades entre 16 y 18 años.
Es cierto que se han proliferado actos delictivos graves cometidos por menores en los últimos tiempos; pero también es verdad que no se han resuelto en el país un número de violaciones esenciales en los derechos de la niñez y aunque República Dominicana muestra ascendentes cifras en la región en temas económicos, la pobreza persiste y afecta a esa capa poblacional más vulnerable y el trabajo infantil se mantiene, a pesar de tantos llamados a erradicarlo, dejándolos tras su paso pequeños aplastados por transportes, sin olvidar su niñez fallida con tumoraciones en la piel e infecciones que les impiden una calidad de vida.
La política más importante que debe librar un país es la de cuidar a sus niños y niñas, hacer hasta lo imposible por verles crecer en el estudio y la cultura.
La cuestión no es castigarlos, sino ofrecerles oportunidades en la sociedad, para que se instruyan y no cometan tales delitos.
