El pedido del procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, de reabrir el expediente por presunta corrupción contra el senador Félix Bautista (PLD-San Juan de la Maguana), además del choque de opiniones, ha creado la expectativa en la población acerca de que los casos de peculados comiencen a ser ventilados por la justicia.
Ciudadanos de todas las esferas, organismos de la sociedad civil y representantes de la clase política ven en el caso Bautista la oportunidad del Gobierno de comenzar a cumplir lo que fue una reiterada promesa de campaña del presidente Danilo Medina al asegurar que va a: “combatir la corrupción en la administración pública”.
La iniciativa del jefe del Ministerio Público ha provocado diferentes interpretaciones y reacciones de distintos sectores sociales y dirigentes políticos (especialmente del oficialista PLD), quienes consideran que la petición obedece a intereses puramente políticos.
El abogado Vinicio Castillo Semán lo atribuye a que Domínguez Brito busca sacar ventajas para proyectarse como eventual candidato presidencial hacia el año 2016.
Entiende que el procurador intenta arrastrar al expresidente Leonel Fernández al banquillo de los acusados, tomando en cuenta que el exmandatario fue un protector del senador Bautista.
Castillo Semán añadió que el objetivo político inmediato de “estos grupos” es lograr destruir la unidad del PLD y la relación armoniosa entre Leonel Fernández y Danilo Medina.
En ese mismo criterio se inscribe el doctor Abel Rodríguez del Orbe, abogado de Bautista y persona cercana a Fernández, quien atribuyó la reapertura del expediente a propósitos puramente políticos y afirmó que Domínguez Brito no tiene calidad legal para solicitar a la Suprema Corte de Justicia la revocación del archivo definitivo de la investigación penal contra el exdirector de la Oficina Supervisora de Obras del Estado.
Mientras, el director general de Ética e Integridad Gubernamental, Marino Vinicio Castillo (Vincho), pidió al procurador general de la República no ser selectivo en las investigaciones por corrupción, puesto que puede generar descreimiento sobre los verdaderos objetivos. Indicó, como otros mencionados anteriormente, que aunque esa situación es jurídica y ética, también tiene implicaciones de carácter político.
Castillo afirmó que no tiene objeción a la solicitud de revocación del archivo definitivo de la denuncia contra el senador Bautista; sin embargo, solicitó investigar los expedientes que tiene el Departamento de Prevención de la Corrupción (DPCA), fruto de 34 auditorías realizadas por la Cámara de Cuentas y la Contraloría General de la República, sin importar la administración a que pertenezcan.
En una ocasión se atribuyó al expresidente Fernández haber dicho que el senador Bautista era como su hijo, por lo que la defensa de Rodríguez del Orbe podría contar con su respaldo irrestricto, lo que reforzaría más la tesis del probable pugilato que se estaría sucediendo entre sectores del partido morado y el Gobierno.
Otro elemento dentro de la posible división de criterios es la marea de protagonismo entre los altos funcionarios, que podría obligar a Medina a tomar medidas dirigidas a calmar a sus colaboradores, para que no vayan tan rápido.
La conveniencia del mandatario sería que los temas que ha planteado como parte de su programa comprendido para 2012-2016, ocupen la atención y la discusión del público, no así aspectos negativos que no tienen futuro que le beneficie.
Un análisis del caso plantea que Domínguez Brito, como autor público de la iniciativa, debe jugársela ahora hasta el final, ya que de dar marcha atrás, le caerían responsabilidades al Presidente de la República, a quien acusarían de entrometerse en los asuntos propios de otros poderes y tapar inconductas.
En respuesta a preguntas de periodistas, Danilo Medina dijo que no actuaría contra nadie y recordó que el Estado se divide en tres poderes, y que cada uno tiene sus funciones, condición que a su juicio todo el mundo olvida cuando de corrupción se trata.
Con estas declaraciones, el jefe del Estado dejó saber que en su gestión el Poder Judicial tendrá libertad en sus acciones, como lo contempla la Constitución de la República.
El expediente originario es político, pero ahora no puede decirse lo mismo. Ni siquiera como defensa y mucho menos como interesado en dañar las posibilidades electorales de Leonel Fernández en el 2016, comentó Castillo Semán.
El matutino Hoy refiere en una nota editorial que el expresidente Fernández no es problema para la administración de Danilo (al menos en este momento), y la mejor prueba son las voces de la oposición que descalifican a las actuales autoridades por no denunciar el presunto desastre que a su juicio heredaron de la pasada dirección del país.
Surgen preguntas tales como: ¿Qué es lo que realmente afectaría políticamente al exmandatario, desacreditar su obra de Gobierno o someter a la justicia a algunos de sus exfuncionarios?
Reza un viejo refrán que no se puede pretender más de lo natural y de lo que es real. La tranquilidad y la felicidad no son eternas. La política es circunstancia, y las circunstancias obligan.
