Los bancos comerciales aplican entre un 48% a 104.4% de interés por financiamiento de tarjetas de crédito, las cuales son objeto de al menos otros siete cargos adicionales, a veces imperceptibles, lo que convierte el producto en un lujo para los acreedores.
Este negocio mediante el cual los bancos y otros agentes de intermediación se embolsillan cientos de millones de pesos, también ofrece una serie de productos opcionales, como seguro de vida, de viaje, asistencia en la carretera y auxilio de plomería, lo que denominan servicio Plugs, entre otros, algunos de los cuales son aplicados sin el consentimiento del tarjetahabiente.
Los otros cobros son por mora, sobregiro, avance de efectivo, emisión, renovación, reemplazo, mantenimiento y protección.
La tasa más alta por financiamiento de tarjetas la está aplicando el Banco León, el cual mantiene en 104.4% anual, (8.7% mensual), asimismo aplica una tasa anual por mora de 96%, una comisión por sobregiro de 60%, y por avance de efectivo 6.5%.
También cobra un cargo por emisión de RD$%700, por renovación RD$700, por un reemplazo RD$350, y un seguro por pérdida de RD$150, anual. Además, RD$600, por mantenimiento y RD$65, mensuales por seguro de vida, en caso de accidente de tránsito, el cual cubre una póliza de RD$500 mil.
La segunda tasa más alta la tiene el banco Asociación Popular de Ahorros y Préstamos, que aplica un 102%, anual, (8.5 mensual), igual importe aplica en la mora. En tanto no cobra por sobregiro y carga una comisión de 6%, por avance de efectivo. Asimismo ingresa RD$800, en los casos de emisión y renovación.
Siguiendo este orden los importes más altos los retienen, los bancos Promerica, un 99%; Popular, 90%; Banreservas, BHD, Progreso, BDI, BLH, Vimenca y Bancamerica, con un 84%, anual.
Les siguen los bancos Santa Cruz, con un 83%; Scotiabank, 82.2%; Alaver, 78%; Banaci, 78%; Banesco, Ademi y Banperavia, 72%; Micro, 66%; Caribe, 54% y Cibao, 48%, anual.
Para estos bancos los cobros de cargos y comisiones ya referidos son iguales o similares, verificándose diferencias mínimas.
Se aclara que las tasas indicadas corresponden al ajuste de interés máximo otorgado por las entidades para el producto “Clásica o Standard”, que es el más representativo y comparable del mercado, según una tabla de valores publicados en la página web de la Superintendencia de Bancos, al 30 de junio de 2012.
Con el objetivo de corregir estas distorsiones, el Congreso Nacional conoce un proyecto de ley que busca establecer el marco jurídico del sistema de tarjetas de crédito y débito, ordenando las relaciones que se originan entre todos los participantes.
El proyecto se fundamenta en el crecimiento que ha verificado el uso de tarjetas de crédito y débito en los últimos años, en cuyo sentido resalta que la Constitución de República, en el artículo 8, dispone que “es función esencial del Estado, la protección efectiva de los derechos de la persona”.
Asimismo, la Constitución, en su artículo 53, reconoce entre los derechos fundamentales de la persona disponer de bienes y servicios de calidad, a una información objetiva, veraz y oportuna sobre el contenido y las características de los servicios que use, bajo las previsiones y normas establecida por la ley.
Dice que la revisión realizada por el Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Proconsumidor), a los contratos de adhesión utilizados para la contratación de las tarjetas, ha puesto de manifiesto la existencia de cláusulas que cuestionan los derechos de los usuarios de este tipo de medio de pago.
Al referirse al proyecto de ley, el superintendente de Bancos, Rafael Camilo, lo calificó como viable porque trata de regularizar las tarjetas de créditos, debido a las desproporciones observadas en los intereses aplicados por las entidades bancarias a los tarjetahabientes.
Camilo dijo que el Estado debe regular los fallos de su propio sistema y que en la actualidad esa regulación está en manos del mercado bancario, que son los que analizan y trazan las pautas entre los ajustes que deben existir.
El funcionario explicó que para su reglamentación hay que partir de si existe realmente el libre mercado, ya que todos los agentes económicos tienen el poder de influir en la tasa de interés y sobre el negocio de las tarjetas de créditos.
