La presidenta de la Asociación de Industrias (AIRD), Ligia Bonetti de Valiente, consideró injusto y aberrante el hecho de que en momentos en que se proponen aplicar nuevas cargas tributarias al sector, se rechace modificar la Ley 28-01 de Desarrollo Fronterizo, con lo cual se pierde la oportunidad de fomentar la equidad en la competencia.
A su juicio, no es posible que el Consejo de Desarrollo Fronterizo siga aprobando la instalación de nuevas empresas bajo el amparo de esta ley, incluso contra las recomendaciones del Comité Técnico de Evaluación.
A su entender, este instrumento jurídico ha originado un profundo descontento en gran parte del sector productivo nacional, especialmente en el que produce bienes.
Bonetti dijo que si de algo debe servir una reforma es lograr una mayor equidad en la distribución de la carga fiscal. Pidió a los legisladores del resto de las provincias, especialmente de aquellas en donde se encuentran industrias ya afectadas, que reaccionen y tomen conciencia de que se están arriesgando miles de empleos establecidos.
Consideró que la ley 28-01, más que constituirse en un instrumento que permita un desarrollo económico integral, convierte a la zona fronteriza en una especie de paraíso fiscal, donde se incentiva el asentamiento de industrias cuya intervención en el mercado doméstico provoca una competencia desleal derivada de las excesivas ventajas fiscales, las cuales, al trasladarse a los precios de comercialización de los productos elaborados en la frontera, afecta la permanencia de las demás industrias nacionales que desde hace años y con cuantiosas inversiones se encuentran establecidas en otros puntos del país.
