La transparencia, el acceso a la información en las instituciones del Estado y la democracia, son de los términos más empleados y repetidos en el país y sin embargo lejanos.
No hay que olvidar aquella propuesta que pretendía que los aspirantes a la presidencia de la nación juntaran sus voces en el salón Manuel del Cabral de la Biblioteca Pedro Mir, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y expusieran “su propuesta sobre la transparencia en el manejo de los recursos del Estado”.
Todo esto llevaba consigo “el desarrollo de un plan de orientación y educación sobre el libre acceso a la información pública, dirigido a los estudiantes de las escuelas públicas, colegios privados y las universidades, para que sirvieran de transmisores en torno a los derechos al acceso a la información pública, a fin de contribuir con la transparencia en la gestión pública y a combatir la corrupción y la cultura del secretismo”.
Se dice constantemente que en el país todo está legislado y dicho, esa es la verdad y claro que todo lo expuesto “suena bien a los oídos” y significaría “esa retroalimentación de la información que debe llegar a todos y todas” como precepto del derecho fundamental de cada ser social y el compromiso colectivo por “erradicar la fragilidad institucional y la fuerte pérdida de valores que padece la sociedad dominicana”.
Las leyes existen en República Dominicana, eso es más que sabido. Para ejercer el derecho al acceso a la información pública se cuenta con amplias normativas; el problema está en que, “para su aplicación efectiva y oportuna se requiere que los sujetos obligados por la ley”, que deben documentarla, organizarla, resguardarla, sistematizarla y hacer posible que toda la sociedad se sienta protagonista de su ejecución y cumplimiento. ¡Pero, ojo, aquí está el talón de Aquiles!: esto, en papeles, aparece…en la realidad: adolece.
