Dominicana sería víctima de justicia americana

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Vanja Abreu es una psicóloga dominicana de 49 años, residente en Estados Unidos, que actualmente cumple una sentencia de 9 años de prisión en una cárcel federal, luego de ser declarada culpable por un jurado de La Florida, por un supuesto fraude que habría cometido la empresa donde laboraba contra el sistema de salud de esa nación, conocido como Medicare.
 
Los hechos
 
A las 6:00 de la mañana del 15 de febrero del 2011, agentes federales irrumpieron  en la residencia de Vanja Abreu con fusiles y pistolas, amedrentando a hijos y esposo, mientras ella se encontraba en República Dominicana. Antes de marcharse, le dejaron sólo una tarjeta para comunicarse.
 
Al regreso a territorio norteamericano, la dominicana averiguó a través de una firma privada las causas  por las que los federales habían intervenido abruptamente en su hogar y constató que se debía a una acusación de conspiración por fraude al Medicare.
 
“Al llegar, los agentes me esposaron y me trasladaron  a la cárcel”, dijo.
 
Testimonio de familiares, amigos, compañeros de trabajos la califican como una persona de conducta intachable, madre de dos hijos y  perteneciente a  una reconocida familia de profesionales, destacada por sus méritos laborales y personales.
 
Durante su juventud, participó en las labores comunitarias de la iglesia Don Bosco. Se graduó Magna Cum Laude de Psicología en la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (Unphu), con una maestría-PHD- en la Universidad Complutense de Madrid, España, país donde ejerció con éxito su carrera.
 
En 1994, decidió junto a su familia emigrar a Estados Unidos, donde tuvo que revalidar todos sus títulos para poder ejercer su profesión de psicóloga a nivel universitario.
 
En el año 2005, empezó a trabajar en American Therapeutic Corporation (ATC), donde  poco tiempo después  la nombraron encargada de la filial de la empresa en Miami, Florida.
 
Entre las personas que tienen un alto concepto de la integridad de la dominicana imputada, se encuentra el padre Luís Rosario, coordinador de la Pastoral Juvenil, quien afirmó: “Para mí Vanja Abreu es una persona íntegra y en la que se puede confiar, ya que no existe engaño en su corazón”.
 
El 21 de  octubre del año 2010, la Policía intervino las oficinas de la empresa American Therapeutic Corporation (ATC), donde laboraba la psicóloga, y en la cual  los agentes arrestaron a los tres propietarios del negocio, a quienes acusaban de haber cometido fraude contra el  Medicare.
 
Concretamente, a la firma se le acusaba de enviar el requerimiento de pagos de personas que no cumplían los criterios para ser beneficiados con el programa de hospitalización parcial del Medicare, así como de entregar dinero a quienes referían a los pacientes, entre otros delitos.
 
Los propietarios de ATC fueron sentenciados a 35 años de cárcel, pero el “calvario” de Vanja Abreu empezó cuatro meses después del allanamiento a la firma, cuando una de las dueñas la  implicó junto a 21 personas más, como vía para lograr una reducción de su condena, según narra la periodista Nuria Piera en una entrega de su programa de televisión “Nuria”.
 
Durante la reclusión, esta dominicana ha defendido su inocencia en todo momento, pese a que asegura haber podido lograr su libertad si se declaraba culpable e implicaba a otros compañeros de trabajo, como le solicitó una fiscal en tres ocasiones.
 
El juicio contra Vanja Abreu y  otras seis personas comenzó a principios de este año, siendo ella la única que figura solo con el cargo de conspiración para cometer fraude al Medicare: “Si la verdad impera, yo tenía que ser libre desde el primer día”, expresó.
 
Según apuntan los hechos,  la dueña de la empresa que testificó en el  juicio aseguró, no obstante, que nunca le pagó dinero a la dominicana, ni a otra persona por acudir al centro para beneficiarse con los programas del Medicare: “Asumo que mi acusación es por asociación;  es decir, ellos consideran que por haber trabajado allí  yo debería saber algo”, apunta la criolla, quien fue representada en el juicio por un abogado de oficio, pagado por el gobierno norteamericano, debido a que no tenía recursos para costear su defensa.