En República Dominicana podría darse una poblada (protestas masivas callejeras), si en un tiempo prudente las autoridades gubernamentales no dan respuestas contundentes y castigan a los autores intelectuales y materiales de las últimas ejecuciones de ciudadanos por parte de agentes de la Policía Nacional.
Los primeros casos de la extrema brutalidad policial fueron los asesinatos, a “quemarropa”, de tres reclusos en la comunidad La Gina, de San Francisco de Macorís. La Policía informó que los reos se habrían fugado del Centro de Corrección Vista al Valle.
Los asesinados fueron: Jeffey Sandoval, Marco Inoel Brito, Jery Ortiz López, cuyos cuerpos presentaban heridas de arma de fuego en distintas partes. Los dos últimos guardaban prisión por el asesinato de dos hermanos, ocurrido durante el desarrollo de una huelga.
Previo al triple crimen, había sido ultimado, durante un supuesto intento de fuga, Víctor Alfonso Vásquez (El Guachi), quien cumplía condena de 30 años por la muerte de la estudiante universitaria Lohra Tavares Rosario.
La versión policial indicó que los hombres habrían muerto en un supuesto intercambio de disparos, que estaban fuertemente armados con pistolas 9 milímetros y protegidos con chalecos antibalas.
Sin embargo, los argumentos de la Policía se caen cuando en un video del programa de la periodista Nuria Piera se observa claramente a un oficial disparar a uno de los “fugados” que todo el tiempo se mantenía inmóvil e indefenso; luego son presentados los tres cadáveres.
Un suceso no menos reprochable protagonizado por la Policía fue el asesinato del estudiante de medicina, William Florián Ramírez, de 21 años de edad, nativo de San Juan de la Maguana, durante una protesta en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), en momentos en que bachilleres se movilizaban reclamando el 5% del presupuesto nacional para esa casa de estudios y en rechazo a la reforma fiscal.
La jefatura de la Policía Nacional identificó al raso Jairon Ramón Medrano Germosén como el agente que disparó contra el alumno Florián Ramírez, procediendo de inmediato a cancelarlo y ponerlo a disposición de la justicia, a quien el juez de Atención Permanente del Distrito Nacional, Alejandro Vargas, le dictó tres meses de prisión preventiva en la cárcel de Najayo.
“Es negativo, yo nunca disparé, el coronel y el capitán que estaban ahí vieron que yo nunca disparé con mi arma”, dijo el imputado al magistrado Vargas, en su empeño de mostrar su inocencia.
Este lunes, el bachiller William Florián Ramírez cumpliría 22 años de edad; motivo por el cual, sus compañeros realizaron en su honor una misa, llevada a cabo en la Facultad de Medicina de la UASD, la cual fue oficiada por el fray Santiago Batista.
Durante la ceremonia religiosa, los asistentes demandaron que sean sometidos a la justicia los oficiales y coroneles que ordenaron tirar municiones “vivas” a los estudiantes, en la que cayó muerto William Florián Ramírez.
El mismo día, jueves 8, la profesora Ángela Moquete, de 55 años, resultó gravemente herida en el costado derecho, de un balazo que le propinó un agente policial durante una protesta en el barrio Villa Estela, de Barahona, donde sus moradores reclamaban la reposición del servicio de agua potable, el cual le habían suspendido desde hacía más de dos semanas.
La educadora falleció el día siguiente en un centro de salud de la capital, donde fue trasladada, tras haber recibido los primeros auxilios en el hospital Jaime Mota. Por el asesinato de la educadora, la Policía dispuso la suspensión y envío a la justicia del segundo teniente de la institución Miguel Cuevas Cuevas.
La muerte de la maestra consternó a la sociedad barahonera que reclama justicia contra los matadores, a la vez que califica la acción como un brutal asesinato.
El hecho más reciente que deja “mucho que desear” de la Policía dominicana, fue el que relaciona los disparos que una patrulla del cuerpo del orden realizó contra el joven mecánico Luis Alberto Alcántara (Cano), de 21 años , cuando participaba en la celebración de la alborada que marca el inicio de las fiestas patronales de Baní, provincia Peravia.
El hecho fue rechazado por la sociedad banileja y los familiares de la víctima, que piden justicia a las autoridades competentes y amenazaron con realizar manifestaciones públicas, si no se presenta al culpable en los tribunales.
Según un informe policial, Cano falleció de heridas de perdigones que se las habría provocado el cabo del Ejército Jeison Aramis Urbáez Segura, cuando el agente se encontraba de patrulla por el centro de esta ciudad y mandó a detener al joven que se encontraba a bordo de un carro.
En su artículo Los muertos de la democracia: un caso de brutalidad policial, el psicólogo forense Wilfredo Mora expresa que “(…) la muerte de estudiantes universitarios a manos de los policías es porque para el poder, estos jóvenes representan unos desviados sociales”.
Indica, además, que: “la regresividad de nuestra Policía está en creciente escalada por la perenne crisis con la que opera nuestra democracia. Los desaparecidos, las ejecuciones extrajudiciales, los excesos del agente uniformado, las redadas en los barrios, sobre todo después que la palabra ¨droga¨ está tiñendo de sangre toda la región…”.
Agrega más adelante: “Sobre esos aspectos de casos de brutalidad policial, donde la violencia oficial se oculta ante la mala situación de los subversivos estudiantes, o la población pobre, surge ante nosotros el problema más crucial de la inseguridad ciudadana: el comportamiento de los operativos policiales en tiempo de crisis financiera, pero ahora acentuada por la puesta en ejecución de la crisis fiscal”.
Por todo lo anterior, la hostigada sociedad dominicana podría responder con métodos tan agresivos como los que han utilizado los agentes de la Policía Nacional que, en vez de proteger, cuidar y salvaguardar, está sembrando desasosiegos e intimidación en el país. Soluciones urgen, ellos tienen la palabra.
