Pese a las grandes obras edificadas para descongestionar y organizar el tránsito en las principales vías de la capital y provincia Santo Domingo, no se ha evolucionado en torno a esta problemática, situación que lo convierte en un perpetuo caos en estas demarcaciones.
Al menos siete entidades, de un total de 14 que tienen que ver con la regulación del tránsito, no han podido normalizar la situación hasta el momento, lo cual agudiza el dolor de cabeza que significa para la población enfrentarse cada día al escenario de desorden que se observa.
En los últimos 15 períodos de gobierno, el Estado ha creado siete instituciones con funciones similares en torno al sector, fin de mejorarlo y reglamentarlo.
Entre estas figuran: la Oficina Técnica de Transporte Terrestre (OTTT), Autoridad Metropolitana de Transporte (Amet), Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (Omsa), y el Consejo de Administración y Regulación de Taxis (Cart).
También el Consejo Nacional de Transporte, conocido como Plan Renove, que degeneró en el Fondo de Desarrollo de Transporte Terrestre (Fondet), creado en 2007, y la Oficina para el Reordenamiento del Tránsito Terrestre (Opret), encargada del Metro de Santo Domingo.
Igualmente, tienen incidencia la Policía Nacional, La Policía Turística, el Ministerio de Turismo, la Liga Municipal Dominicana (LMD), el departamento de Vehículos de Motor de Impuestos Internos y la Dirección de Tránsito Terrestre, entre otras.
En el Gran Santo Domingo, la Amet es la responsable de aplicar las políticas que tienen que ver con la circulación de vehículos destinados al servicio de pasajeros, mientras que en las provincias, la OTTT es la facultada en esa materia, excepto en Santiago que lo dirige el cabildo.
Conforme a las estadísticas de la Amet, en el Gran Santo Domingo hay registradas oficialmente unas 208 rutas, pero existe un subregistro que, a juicio de actores del sector, podría elevarla al doble.
Desde el 2005, cuando se creó la Opret, se suspendió la autorización de permisos para operar rutas en la provincia Santo Domingo y el Distrito Nacional.
No obstante, la proliferación no se ha detenido, puesto que choferes de carros y minibuses de distintas zonas se agrupan y crean corredores que operan sin la autorización, ni regulación de Amet.
Se ha comprobado que las rutas surgen de forma espontánea por iniciativa de conductores que se unen y ofrecen servicios a pobladores de nuevos asentamientos.
Según Francisco Puello, encargado de Educación Vial de la OTTT, para la aprobación de una ruta, esa entidad realiza un estudio de factibilidad en determinadas provincias, para establecer el recorrido posible, puntos y servicios, así como la demanda real de asientos, a fin de evitar el establecimiento de corredores sin hacer los estudios pertinentes.
De acuerdo al funcionario la OTTT debe hacer las investigaciones oportunas para que no introduzcan un número de unidades mayor a la demanda real: “No se trata solo de que el chofer compre una unidad y la financie con un banco, sino que pueda sostenerla y además de pagar el préstamo vivir con dignidad”, agregó.
Entrevistados sobre el tema, los expertos arquitecto Erick Dorrejo y los ingenieros Lázaro Isa, Jhael Isa y Atilio Frías, consideran que el transporte en el país es deficiente y excesivamente costoso. Entienden que urge un sistema más eficiente en ese renglón, lo que a su juicio no se ha realizado por falta de voluntad política, ya que existe el dinero para ejecutarlo.
Entienden que apremia la instalación de un sistema de transporte rápido que resuelva el problema del tránsito urbano en Santo Domingo.
Dorrejo cree que el transporte público se ejecuta en unidades de baja capacidad, con más de quince años y en condiciones indignas para los usuarios.
Señaló que un estudio en torno al tema indica que el 72% de la población utiliza carros de concho y 16% minibuses. En ese sentido, defendió la aplicación de un sistema integrado de transporte, para lo cual deben haber integración administrativa, tarifarias y políticas gubernamentales.
A su entender, todas las instituciones ligadas al transporte de personas deben estar en un solo organismo.
Debido a la complejidad de la ciudad y a la gran variedad social y económica de los habitantes del Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo, no es posible resolver los desplazamientos a distintos destinos en un mismo viaje o tipo de transporte, tal y como observa el técnico.
Para descongestionar estas dos demarcaciones sugiere eliminar los parqueos de algunas avenidas, en las cuales operan rutas de transporte de pasajeros.
Proyecto de Ley
Actualmente las comisiones de Obras Públicas y Justicia de la Cámara de Diputados discuten el proyecto de ley de Tránsito y Transporte Terrestre que introdujo el legislador oficialista, Tobías Crespo, el cual busca organizar y regular esta actividad en la capital y la provincia Santo Domingo.
Además, tiene el propósito de reglamentarlo mediante la aplicación de políticas de tránsito y transporte. La iniciativa modifica los aspectos más importantes que ocasionan el desorden en este sector, una de las actividades de gran importancia estratégica para la economía dominicana.
De acuerdo a Crespo, la iniciativa busca, en primer lugar, la creación del órgano rector y los órganos ejecutores del tránsito y transporte del país, integrados en una sola autoridad que se llamará Instituto del Tránsito y Transporte.
Ese instituto tendrá las funciones que ahora desempeñan la Dirección General de Transporte Terrestre, la Oficina Técnica del Transporte Terrestre, la Autoridad Metropolitana de Transporte, la Oficina Metropolitana de Autobuses, la Oficina para el Reordenamiento del Transporte y otros organismos.
