La decisión de algunos legisladores de establecer en el Código Procesal Dominicano orden de prisión para los periodistas que alegadamente difamen a las autoridades constituye una ofensiva jurídica represiva que viola la Constitución de la República. No solo eso, sino la ley de expresión y difusión del pensamiento.
El presidente del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), Aurelio Henríquez, me invitó a participar en una vista pública que se celebró en la Cámara de Diputados.
La comisión del CDP y del Sindicato de Trabajadores de la Prensa (SNTP) que dirige Olivo de León estaba integrada por Henríquez, Simón Antonio Díaz, de León y quién escribe.
También, Importantes figuras del periodismo como son Don Rafael Molina Morillo, Migue Franjul de la Sociedad Inter Americana de Prensa (SIP); el subdirector de El Día, José P. Monegro y otros participaron en los debates. Todos coincidieron en que este intento de penalización es un absurdo jurídico que busca limitar la libertad de expresión e imponer la autocensura.
Tomé una decisión particular de colocarme en la boca mi corbata negra como una forma de combatir la censura que se quiere imponer. Esta corbata negra es el signo de la liberad que siempre he defendido.
La libertad de expresión y el ejercicio del periodismo en la República Dominicana son defendidos por los nombres y mujeres que constituyen el denominado Cuarto Poder del Estado llegando en ocasiones ser víctimas de asesinatos y desapariciones como son los casos de Orlando Martínez, Gregorio García Castro, Narciso González, Plinio Díaz y Juan Andújar.
En 1986 Franklin Polanco que coordinaba las actividades de la embajada de los Estados Unidos de Norteamérica con los periodistas y las periodistas dominicanas me invitó a participar en un seminario sobre la libertad de prensa, el ejercicio y la ética.
Los que participamos recibimos como obsequio un ejemplar del libo “Una Prensa Sin ataduras” donde se recogen artículos que tratan temas de la libertad de expresión; la relación entre la prensa y los gobiernos.
En la portada del libro se plasma el siguiente pensamiento “el derecho de la gente a expresarse por medio de una prensa libre, es uno de los rasgos distintivos de una sociedad democrática”.
La contraportada plantea “la prensa y el gobierno son adversarios naturales que realizan funciones diferentes, y cada uno de ellos debe respetar el papel del otro”.
Por su parte el Juez William Brenan, de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, dejó establecido que “un profundo compromiso nacional con el principio según el cual el debate debe ser vigoroso, con la mayor apertura y sin inhibiciones, y es muy factible que incluya ataques vehementes, cáusticos y a veces desagradables contra el gobierno y los funcionarios públicos”.
El presidente de los Estados Unidos de Norteamericana Thomas Jefferson en 1802 proclamó “si a mí me tocara decidir si debemos tener un gobierno sin prensa o una prensa sin gobierno, no vacilaría ni un momento en pronunciarme a favor de lo último”.
Estos principios debería ser analizados por los legisladores que aspiran a tener una prensa atada a intereses particulares e imponer el terror judicial. Tenemos que estar alerta y unidos para enfrentar a los demonios del oscurantismo que pretenden silenciar a los que dicen la verdad. La verdad es concreta y nunca puede ser difamatoria.
Ciertamente, para opinar no hay que insultar y quienes lo hagan deben ser sometidos a la justicia sin que implique una sentencia de prisión. Basta que se establezca la difamación y el tribunal disponga una reparación pública ordenando un pago monetario.
Esto es una sanción más que suficiente.
Jamás la prisión.
