Las movilizaciones en rechazo a la reforma fiscal dispuesta por el gobierno del presidente Danilo Medina, que ya han generado episodios violentos en Santo Domingo y en la ciudad de San Francisco de Macorís, continuarán recorriendo las calles dominicanas reclamando la eliminación de las medidas impositivas que aumentan los impuestos y exigiendo pena de cárcel para el ex presidente Leonel Fernández, a quien sindican como ”responsable” de un déficit fiscal de $187 mil millones, equivalentes a US$4,675 millones en la economía del país.
El movimiento denominado Justicia Fiscal, en el que participan estudiantes, representantes sindicales, partidos políticos y sectores de la sociedad civil evalúa las nuevas acciones contra el “Paquetazo fiscal”, aprobado por el Congreso dominicano bajo la premisa urgente de recaudar $46 mil millones de pesos, unos US$1,150 millones para hacer frente al déficit y evitar la desestabilización de la economía.
La nueva fase de protestas incluiría la celebración de un “juicio popular” al expresidente Leonel Fernández y a varios funcionarios de sus gestiones de Gobierno. La Red de Acción Popular (RAP), informó que la audiencia pública será celebrada mañana miércoles 21 de noviembre, a las 4:00 de la tarde, en el Parque la Lira, ubicado en el punto donde se unen las avenidas Abraham Lincoln y Lope de Vega, en la capital.
El tribunal para enjuiciar al exmandatario será recreado por un actor que representará al Estado (fiscal popular), así como a su abogado defensor, Vincho Castillo. También tendrán representación los “jueces” del pueblo, quienes impondrán una sanción de tipo moral al expresidente Fernández.
El juicio será la respuesta de “los indignados” ante la desestimación de dos querellas interpuestas contra Fernández por alegados actos de corrupción en sus gestiones de Gobierno y que el Procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito, descartó tras considerarlas carentes de base legal.
«La existencia de un déficit fiscal del sector público no implica, en si mismo, la comisión de un delito por parte de los que ejercen la función pública. Del estudio de la mencionada querella se deduce que no existen elementos materiales o indicios que comprometan la responsabilidad penal del Ex Presidente Leonel Fernández, por lo que carecen de fundamento legal», sostuvo el funcionario judicial.
La querella fue interpuesta por el presidente de Alianza País y ex candidato presidencial en las pasadas elecciones, Guillermo Moreno. En el expediente, Moreno también acusa de delitos de corrupción al senador Félix Bautista, quien se desempeñó como director de la Oficina Supervisora de Obras del Estado, y al ex ministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa.
El procurador Domínguez Brito fue enfático en que Leonel Fernández no tiene responsabilidad penal en el déficit que afecta a la economía y reiteró su compromiso “Con una sana administración de justicia donde el papel de las leyes no solo sea cuidar la verdad, sino también preservar la integridad, la dignidad y la seguridad de las personas, más allá de las coyunturas partidarias e intereses particulares”, dijo en lo que pareció una alusión a la naturaleza “política” de la denuncia.
La desestimación de la querella le ha costado al Procurador duras críticas por parte de los sectores que impulsan las protestas contra la reforma tributaria.
Protestas
Las manifestaciones de protestas contra el “Paquetazo” Fiscal han logrado reunir a cientos de personas en calles y distintos espacios públicos del país, incluyendo los alrededores de la Fundación Global Democracia y Desarrollo (FUNGLODE), presidida por Leonel Fernández.
Aunque el movimiento “Justicia Fiscal” se define como una coalición que no se identifica con partidos políticos y que canaliza “reacciones espontáneas” del pueblo ante la corrupción de Gobierno, en las actividades de protestas contra la reforma tributaria distinguen las caras de dirigentes del opositor Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y de sindicalistas identificados con ese partido.
El pasado 11 de noviembre los manifestantes marcharon hasta las inmediaciones del Parque Independencia (en la ciudad Capital) vestidos de negro y portando pancartas alusivas a la responsabilidad del ex presidente Leonel Fernández en la creación del hoyo fiscal. Tres días después, en la ciudad de San Francisco de Macorís se produjeron disturbios, quemas de neumáticos y enfrentamientos entre manifestantes y policías que ameritaron la intervención de agentes de Operaciones Especiales.
El estudiante de medicina, Alfredo William Florián, murió baleado por un policía mientras participaba en una protesta que tuvo lugar en los predios de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).
El pasado martes, en una alocución al país, Leonel Fernández le salió al frente a las acusaciones en su contra y atribuyó el déficit a la baja recaudación del Gobierno, la recapitalización del Banco Central y el subsidio al sector eléctrico.
El ex mandatario, consideró como “insensata la tesis de que un déficit fiscal equivale a un fraude fiscal, y por consiguiente, a un delito que merece ser perseguido por la vía judicial”, idea que atribuyó a un cerebro orientado hacia la calumnia y la manipulación. En su discurso ofreció cifras de la ejecución del presupuesto y de las obras desarrolladas en su gestión de Gobierno.
105 diputados del oficialista PLD y del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) rubricaron un documento en el que ofrecen su apoyo a Fernández por considerar que el ex mandatario está siendo víctima de una campaña despiadada en su contra. Los legisladores alegaron que como jefe de estado, Fernández garantizó las libertades públicas y ejecutó un amplio programa de obras en beneficio del país.
Sustancial aumento en los impuestos
Las medidas impositivas disponen un aumento de 16 a 18% en el Impuesto sobre las Transferencias de Bienes Industrializados (ITBIS), el cobro de 1% a los activos financieros y de 10% a los servicios de telecomunicaciones. También establecen un aumento en el precio de venta de los combustibles y amplia el gravamen aplicado al azúcar, café, aceites comestibles, yogurt y chocolate, eximiendo de impuestos a los productos de la canasta básica familiar.
La reforma establece el pago del 1% del valor del vehículo para efectos de renovación de marbetes y grava con 3% la transferencia de inmuebles. Aumenta el impuesto a los cigarrillos, bebidas alcohólicas y las bancas de lotería y elimina incentivos para las empresas de Zona Franca.
El «paquetazo fiscal» sigue generando repudio
LA VOZ DE LOS QUE NO LA TIENEN ||
PUBLICIDAD
Galería de fotos
Las más recientes
Story
Page