San Francisco de Macorís, Moca y Mao Valverde, entre otros, han sido escenarios en República Dominicana de simbólicas condenas al expresidente Leonel Fernández: de 20, a 30 años de prisión y a recibir 187 mil “sombrerazos, por haber sido hallado culpable de corrupción y de provocar el hoyo fiscal que sufre la economía dominicana hoy en día”.
Los «juicios populares» parecen formar parte de las constantes manifestaciones de rechazo e inconformidad con la situación que vive el país, pero un análisis acertado refleja mucho más: no se trata solo de las organizaciones sociales las que acusan a Fernández y sus acólitos de esa gran responsabilidad, por dejar al país con un elevado déficit fiscal acumulado durante su Gobierno: El «tribunal» más poderoso, cuya sentencia resulta inapelable, es el formado por esas masas de pueblo que allá, acá y acullá levantan sus voces por una condena que integra la «expropiación» de los bienes de Fernández y su «exclusión a perpetuidad de la vida política del país”.
Llama también la atención la presencia de miles de jóvenes, mujeres y personas de distintas edades y orígenes, quienes recuerdan que la responsabilidad del exmandatario es absoluta en el déficit fiscal de unos 187.000 millones de pesos (unos 4.675 millones de dólares), con el cual ahora carga la nación.
El discurso y las versiones de Fernández acerca de cómo se produjo ese déficit, no convencen a nadie, y mucho menos que su Gobierno no haya cometido actos de corrupción, porque imágenes hablan más que textos o palabras. Los «tribunales» del pueblo «condenan”, porque la culpabilidad moral tiene un peso que supera cualquier categoría.
La culpabilidad moral
LA VOZ DE LOS QUE NO LA TIENEN ||
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