La asignación de RD$99,600 millones al Ministerio de Educación, equivalente al 4% del Producto Interno Bruto (PIB), consignado en el proyecto de Presupuesto General de la Nación, ha sido motivo de alegría en la sociedad dominicana, porque representa el resultado de una lucha sistemática y cívica de la sociedad dominicana a favor de ese sector.
Sin embargo, para la expresidenta de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), María Teresa Cabrera, esta lucha no termina con la aprobación de los recursos, sino que ahora se enfrentan a un desafío mayor, el cual consiste en mantener un proceso de vigilancia y control para garantizar que cada centavo se utilice de manera transparente.
La educadora sostiene que los mismos que libraron la batalla por mayores recursos para mejorar la educación, deben convertirse en centinelas, a fin de que si alguien trata de apropiarse o hacer uso indebido de ese dinero, obligue a los tribunales a conocerles un juicio y aplicarles las sanciones que correspondan.
Cabrera entiende que para lograr un impacto en el sistema educativo, mejorar la calidad y satisfacer las necesidades escolares, se requiere que las organizaciones que firmaron el acuerdo con los candidatos presidenciales, para otorgar el 4% del PIB a Educación, trabajen en la búsqueda de mecanismos que garanticen la vigilancia y monitoreo al manejo de los recursos y a los programas que serán financiados.
“Estas medidas han sido tomadas porque el país tiene serios problemas de corrupción e impunidad”, sostuvo la dirigente gremial.
Agregó que la corrupción es un flagelo que ha causado terribles daños al desarrollo, ya que miles de millones de pesos, que pudieron ser invertidos en salud, educación, viviendas y agua potable, se han escapado por esta vía, lo que a su vez, ha dañado la democracia y la confianza en las instituciones públicas.
La también representante de Coalición Digna, aseguró que otro reto de la sociedad dominicana es velar por la ejecución del 100% del presupuesto asignado a la Educación, para que no se desvíe el objetivo de elevar los estándares formativos.
Advirtió que en el 2012 solo se ha utilizado el 86% de la partida fijada, por lo tanto, si no se ejecuta es igual a que no se asignara. Ante esta situación, la maestra aclara que el 4% del PIB no es la meta final para alcanzar una enseñanza de calidad, sino el inicio de un comportamiento distinto del Estado con este sector.
María Teresa Cabrera confía que con esos recursos se atiendan áreas prioritarias, como la inclusión de aquellos que están fuera del sistema educativo, condición que implica más infraestructuras escolares, aulas bien equipadas y mejor calidad de vida para los profesores.
Asignación 4% a Educación crea nuevos desafíos
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