El movimiento no partidista Participación Ciudadana (PC), sostuvo que 2012 estuvo significativamente marcado por la corrupción y la impunidad estatal, además se verificó que el Gobierno malgastó más recursos que ningún otro, quedando comprobada una enorme deficiencia en materia de control y fiscalización del gasto público.
De acuerdo a un balance del año que termina presentado por PC, han quedado al descubierto las debilidades del Congreso Nacional que ha sustituido su función de control y fiscalización por la de asistencialismo social, en franca violación de la Constitución y las leyes.
También, según la entidad, igual situación se evidenció en la Cámara de Cuentas, organismo que no cuenta con los recursos y la voluntad para auditar el gasto público y sobre todo dar a conocer oportunamente los contenidos de sus auditorías.
Mención especial merece el Departamento de Persecución de la Corrupción Administrativa (DPCA), cuyo director, Otoniel Bonilla, se dedicó a cerrar de manera definitiva investigaciones de corrupción justo antes del cambio de gobierno.
Detalla que Transparencia Internacional divulgó su nuevo Índice de Percepción de la Corrupción, en el que la República Dominicana obtuvo una calificación de 32 sobre 100, que nos coloca entre los países en que existe una corrupción rampante.
Esta evaluación coincide con otras realizadas internacionalmente, como la del Índice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial que nos coloca en el último lugar de 144 países en despilfarro en el gasto gubernamental y favoritismo de los funcionarios públicos y en el lugar 142 en materia de desvío de fondos públicos.
“Lamentablemente el presidente Danilo Medina estropeó un excelente discurso sobre sus primeros cien días enviando un mensaje de borrón y cuenta nueva, al señalar que no se debía recoger piedras para arrojarlas hacia atrás. No es posible combatir la corrupción del presente o del futuro sobre la base de la impunidad de la corrupción del pasado”, critica el informe de PC.
Dice que pese a no haberse aprobado todavía una Ley que garantice unas declaraciones juradas fehacientes de patrimonio y con datos fácilmente comprobables, las declaraciones de bienes realizadas por algunos funcionarios públicos ofrecen suficiente evidencia, por lo menos para iniciar una seria investigación sobre el incremento de sus fortunas durante el ejercicio de las funciones públicas.
Aclara que esto se haría partiendo de que la Constitución les obliga a probar el origen de sus bienes y les impide tener otros ingresos distintos a su salario y los percibidos por docencia, mientras desempeñen cargos públicos. Igualmente debería verificarse que el incremento de tales fortunas fue declarado anualmente por ante la Dirección General de Impuestos Internos, y fueron cobrados los impuestos correspondientes.
Otra debilidad observada por PC es la concerniente a los niveles de transparencia en el Gobierno, que en vez de aumentar han retrocedido en 2012, como lo demuestra el Sexto Informe de Monitoreo a la Aplicación de la Ley de Libre Acceso a la Información Pública, realizado por esta entidad, en el cual apenas 10 instituciones públicas de las 52 evaluadas alcanzaron puntuación por encima de 80 sobre 100. De estas 18 obtuvieron entre 60 y 79 puntos y 24 menos de 59 puntos, entre ellas la Oficina Supervisora de Obras del Estado, que obtuvo cero puntos.
