La Alianza Dominicana Contra la Corrupción (Adocco), calificó este miércoles de grave la denuncia hecha por el comunicador Freddy Aguasvivas sobre la supuesta estafa que se estaría haciendo contra el Estado dominicano con el contrato de AC-30, que se utiliza para la pavimentación de calles y avenidas del país.
Adocco envió una nota de prensa a esta redacción, donde afirma que: “a juicio del escrito la estafa más grande contra el Estado dominicano, después de los convenios con los generadores eléctricos, la constituye los contratos millonarios de asfalto entre el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, MOPC y Mustafá Abunaba’a, representante de la empresa Sargeant Petroleum, Ltd.
“Nuestra preocupación surge después que Aguasvivas confirmara las declaraciones emitidas anteriormente por el comentarista del Gobierno de la Tarde de la Z101, Carlos Peña, sobre la escandalosa complicidad entre el MOPC y Abunaba’a desde el 2003, por lo que estamos solicitando al procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, que ordene en lo inmediato una investigación para determinar la magnitud de la responsable denuncia y proceder a someter a la acción de la justicia a los que resulten responsable de la misma”, dijo el coordinador de la entidad de la sociedad civil, Julio César de la Rosa Tiburcio.
De acuerdo a Freddy Aguasvivas, del acuerdo de Petrocaribe, Abunaba’a es beneficiado, ya que recibe 10 centavos de dólar por cada galón de asfalto: «violando la Constitución que prohíbe el monopolio». “A este señor (Mustafá Abunaba’a), se le calcularon todos los barcos que habían entrado en los últimos ocho años del gobierno de Leonel Fernández a 10 centavos de dólar cada galón de AC-30 (material de asfalto importado por el Estado dominicano bajo el acuerdo Petrocaribe), y se le pagaron 15 millones de dólares el 14 de agosto, una barbaridad, en un país con la crisis que teníamos”, aseveró al referirse al contrato acordado entre el MOPC y la empresa Sargeant Petroleum, Ltd.
De acuerdo a lo denunciado por Aguasvivas, el convenio en cuestión estipulaba que de la referida suma, US$4,064,750.44 se pagarán al empresario, mediante la cesión de productos asfálticos. Dijo que todos los convenciones que tiene el MOPC con Abunaba’a son “ilegales”, ya que violan la Ley 340-06, sobre Contrataciones Públicas, en el sentido de que al tratado original, firmado en 2004, se le han realizado 14 adendas, cuando solo se permiten dos, estableciendo que las modificaciones no pueden ser mayores al 25 por ciento del monto inicial: “Resulta que ese señor (Mustafá Abunaba’a), tiene 1,500 por ciento del contrato original que se le firmó en 2004”, prosiguió diciendo en la denuncia que Adocco pide a Domínguez Brito indagar.
Dijo que cuando Obras Públicas se dirigió a la Refinería Dominicana de Petróleo, S.A. (Refidomsa), para anunciarle su renuncia al cobro del cargo por concepto de almacenamiento y manejo de un cargamento de AC-30, a 25 centavos de dólares por galón, la entidad se negó, alegando que el Estado salía más beneficiado con el pago por acopio, que a 92 centavos, como le cobraba Sargeant Petroleum, Ltd. al MOPC: “Víctor Díaz Rúa dijo que no, que (el MOPC y Mustafá Abunaba’a), se encargaban del almacenamiento”.
La entidad anticorrupción anunció el inicio de una serie de pasos tendentes a recabar documentaciones, a través de la Ley de Libre Acceso a la Información Pública 200-04, para llevarlo hasta las últimas consecuencias, ante la indiferencia de las autoridades antes las cuales ha acudido el denunciante, sin que haya recibido la respuesta sobre el establecimiento de responsabilidades y las debidas consecuencias, sobretodo que las nuevas autoridades del MOPC, sepan que no deben permitir que se siga timando al Estado dominicano para beneficio de un grupito, concluyó el vocero de Adocco.
