La advertencia del director de Migración, José Ricardo Taveras, acerca de que “los intereses del Estado están por encima de cualquier objetivo de organizaciones nacionales o internacionales, defensores de los haitianos que buscan entrar al territorio dominicano sin la debida documentación”, pone otro toque en el análisis de los problemas que año tras año matizan las relaciones entre ambas naciones.
La mayoría ha seguido de cerca la situación de la población haitiana después del seísmo de 7 grados de magnitud, y ha constatado que “la vida sigue igual” aun cuando el nuevo programa del gobierno implicó el retorno a los distritos de origen acelerado en 2012: los desplazados siguen mirando al cielo en busca de esperanzas, en tanto que los campamentos siguen aglutinando miles de personas viviendo en condiciones inhumanas.
Tampoco convence la opinión de la Organización de Naciones Unidas (ONU), acerca de que se han alcanzado logros, reducido el número de refugiados y retirado más de la mitad de los escombros ocasionados por el terremoto.
Más allá del llamado de organizaciones no gubernamentales a los gobiernos de distintos países, para mantener los compromisos contraídos en la reconstrucción de Haití, lograr el saneamiento, la habitabilidad básica, sostenibilidad medioambiental, seguridad alimentaria, agricultura y producción primaria, entre otros aspectos, la realidad es que el paso más táctico o inmediato para haitianas y haitianos desesperados es cruzar la frontera y trabajar, en las condiciones que sean, en República Dominicana, nación atacada duramente por la comunidad internacional, a veces, sin tomar en cuenta el apoyo que ha significado para su vecino.
Lograr “la balanza entre los demás intereses y apostar por el orden en el tema migratorio”, tal y como ha expresado Taveras, parece ocupar, una vez más, las prioridades de ese tema sempiterno e inagotable que es la frontera dominico-haitiana.
Frontera haitiano-dominicana
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