Aún sin solución problema frontera

LA VOZ DE LOS QUE NO LA TIENEN ||

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Numerosas opiniones y debates ha provocado entre expertos, políticos, religiosos, y ciudadanos en general, la orden de no dejar pasar al territorio nacional a mil 80 haitianos que demandan su regreso a la República Dominicana por la frontera de Dajabón, sin contar con la documentación adecuada. Esta problemática ha acaparado la atención de los medios nacionales, que durante la segunda semana de 2013 se discute y analiza, sin hasta el momento ofrecer una solución concreta.
 
Todo inició con la solicitud de regularizar el acceso de los trabajadores agrícolas haitianos que desde el pasado domingo se mantenían en medio del puente sobre el río Masacre, exigiendo la entrada al país.
 
De inmediato, las consideraciones no se hicieron esperar y mientras algunos estaban a favor, otros mostraban su total desacuerdo a permitir la entrada de cientos de inmigrantes de la vecina isla.
 
El promotor y defensor del reclamo de los haitianos, el coordinador de Solidaridad Fronteriza, padre jesuita Regino Martínez, calificó de improcedente que el director general de Migración (DGM), Ricardo Taveras Blanco, dijera que, para iniciar una simple carnetización de obreros tenga que esperarse a que Haití realice un censo.
 
Asimismo, una comisión conformada por organizaciones de la sociedad civil se reunió con el ministro de Interior y Policía, José Ramón Fadul y con autoridades gubernamentales de alto nivel, para garantizar el retorno de estas personas a sus hogares y centros de trabajo, de manera digna y ordenada, a fin de evitar pérdidas en el mercado fronterizo y en actividades agrícolas de la zona.
 
Sin embargo, el expresidente Hipólito Mejía se mostró de acuerdo con la decisión de la Dirección de Migración de no dejar pasar al país a los miles de haitianos ilegales: “El que venga para acá tiene que regirse por nuestras leyes, este es nuestro territorio y nuestra soberanía”.
 
De igual forma, el diputado por la Fuerza Nacional Progresista (FNP), Pelegrín Castillo, entiende que el sacerdote Martínez y los actores que promueven la penetración ilegal de haitianos al territorio dominicano están provocando una situación que en nada contribuye con las buenas relaciones de los dos países.
 
Sostuvo que las relaciones de ambas naciones deben consolidarse en el respeto a las leyes, Constitución, reglamentos, orden jurídico y en los intereses de República Dominicana y Haití. Lo cual es la base del buen entendimiento.
 
“La migración ilegal haitiana es un fenómeno que se ha dejado crecer, pero ahora el Ministerio de Migración, con la dirección de Ricardo Taveras, ha adoptado un compromiso más fuerte, el cual implica poner orden para que los promotores se vayan ajustando”, afirma Castillo.
 
En ese sentido se manifestaron algunos dominicanos consultados, quienes manifestaron que no son antihaitianos o inhumanos, sino que se trata de una realidad que hasta el menos comprensivo entiende, sobre todo si se analizan las condiciones en las cuales convive la sociedad dominicana y la manera en que miles de niñas, niños y adolescentes viven excluidos de servicios sociales de calidad tan imprescindibles como la salud y la educación.
 
También aclaran que pese a que muchos intentos de diferentes organizaciones e instituciones del país han llevado a cabo, aún se adolece de programas que atiendan a personas con VIH y cerca de la mitad de la población malvive en la pobreza: alrededor de cinco millones de habitantes y una tercera parte de ellos, unos 900 mil, sobreviven en la extrema pobreza o indigencia.
 
Finalmente, el gobierno dominicano desmintió la información de que se había autorizado los trabajos en el consulado en Juana Méndez para el visado de los haitianos que acudan con sus documentos al día. Supuestamente el precio del visado ascendía a 200 dólares.
 
No obstante, el Estado aclaró que todo ciudadano extranjero, haitiano o no, que desee ingresar a territorio dominicano debe cumplir con la legislación vigente.
 
Ante este panorama, muchas veces presentado en el país, se espera que en esta ocasión sea erradicado definitivamente para que no exista violación a los derechos humanos de ningún inmigrante; pero, tampoco se transgredan las leyes dominicanas y el orden social de dos naciones vecinas, acariciadas por el mismo viento.