Las oficinas de la Junta Central Electoral en el exterior cierran sus puertas. Según su presidente, Roberto Rosario, el presupuesto asignado por el Poder Ejecutivo no alcanza para mantenerlas funcionando. Las consecuencias para el dominicano y dominicana residente en el exterior serán muy altas, en el sentido de que para cualquier gestión, llámese acta de nacimiento, matrimonio, cedulación, votos, etc, deberá trasladarse al país, lo cual exige costos que no todos y todas están en capacidad de asumir.
Lo que no se entiende es por qué no se adoptan otras medidas prácticas: por ejemplo reducir el personal al mínimo, como existieron en un principio, donde solo actuaban con el encargado, una secretaria y un digitador o técnico.
Lamentablemente, el burocratismo y abultamiento de las nóminas han permeado, sobre todo a las instituciones públicas, lo cual deriva perjuicio en labores tan importantes como la que desarrollan estas instituciones allende los mares.
La pregunta sería, ¿qué hubiese sucedido si el “tranque” se produce justo en momentos de elecciones?, aunque de todos modos significa una pérdida de algo ya tan logrado, que es la participación de la diáspora en cada momento institucional que vive la República Dominicana.
Tal vez deban las autoridades competentes sentarse a pensar de qué manera minimizan otros servicios menos trascendentales y mantener en funcionamiento estas vitales oficinas.
