Haciendo valer sus “buenas relaciones” con los ministros de Obras Públicas pasados, el señor Mustafá Abunaba’a logró “agenciarse” varios contratos multimillonarios para el transporte, almacenamiento y manejo de AC-30 (material asfáltico), a través de la empresa de capital norteamericano Sargeant Petrolium LTD, la cual representa en la República Dominicana.
Estos contratos, rubricados por el Ministerio de Obras Públicas y Sargeant Petrolium, de acuerdo a fuentes de entero crédito conocedoras del convenio, constituye la estafa más grande contra el Estado dominicano, después de los firmados con los generadores eléctricos.
Pero, ¡oh, sorpresa!, la empresa Sargeant Petrolium no figura registrada como razón social en la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), o sea, que no paga los impuestos generados por las ganancias millonarias que obtiene. Así consta en una certificación de la entidad gubernamental, cuya copia reposa en los archivos de este multimedios DominicanosHoy.
“¿Cómo es posible que el Estado pueda abocarse a firmar un acuerdo con una persona que no esté registrada en los archivos de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), que por ende no paga impuestos y se lleva del país el dinero de todos los dominicanos”, sostuvo el informante, quien reveló, además, que hasta entrado el 2012 no conocía que la empresa estuviera registrada.
Mustafá Abunaba’a fue echado del Palacio de Jordania, durante la más reciente visita del expresidente de la República, doctor Leonel Fernández, a quien le servía de «guía».
También, del acuerdo de Petrocaribe, Abunaba’a es beneficiado, ya que recibe 10 centavos de dólar por cada galón de asfalto: violando la Constitución que prohíbe el monopolio.
Sin embargo, esto parece no sorprender a nadie, pues el convenio en cuestión estipulaba que de la referida suma, US$4,064,750.44 se pagara al empresario, mediante la cesión de productos asfálticos, aunque por sus depósitos no pase ni un galón del material.
Según la fuente, los tratados entre el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), y Abunaba’a son “ilegales”, ya que violan la Ley 340-06, sobre Contrataciones Públicas, en el sentido de que al acuerdo original, firmado en 2004, se le han realizado 14 adendas, cuando solo se permiten dos, estableciendo que las modificaciones no pueden ser mayores al 25 por ciento del monto inicial: “Resulta que ese señor (Mustafá Abunaba’a), tiene 1,500 por ciento del contrato inicial, eso es insólito”.
“Cuando Obras Públicas se dirigió a la Refinería Dominicana de Petróleo, S.A. (Refidomsa), para anunciarle su renuncia al cobro del cargo por concepto de almacenamiento y manejo de un cargamento de AC-30, a 25 centavos de dólares por galón, la entidad se negó, alegando que el Estado salía más beneficiado con el pago por acopio, a 92 centavos, que a como Sargeant Petroleum, Ltd, le cobraba a Obras Públicas. Víctor Díaz Rúa dijo que el MOPC y Mustafá Abunaba’a se encargarían del almacenamiento.
“No es posible que una empresa se gane millones de dólares transportando, almacenando y manejando a su antojo todo el material asfáltico y no pague ni un centavo de impuestos; sin dudas que este país no le duele a nadie”, agregó el informante.
La semana pasada, la Convergencia Nacional de Abogados (CONA), se querelló en la Fiscalía del Distrito Nacional contra el exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, y el empresario petrolero Mustafá Abunaba´a, a quienes acusa de violar las leyes 1486, sobre representación del Estado en actos jurídicos y la 340-06, que regula la compra y contrataciones del Gobierno.
La querella fue depositada por el abogado Yuniol Ramírez Ferreras, presidente de la entidad, quien establece que los imputados se asociaron para desfalcar al Estado por miles de millones de dólares.
“Resulta alarmante que Obras Públicas hiciera pagos en virtud del contrato en cuestión por un monto de 139 millones de dólares, en el período comprendido entre el 2003 y 2012, mientras que solo durante seis meses fueron realizados desembolsos ascendentes a 55 millones de dólares”, dijo Ramírez.
De su lado, la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (Adocco), calificó de grave la denuncia hecha por el comunicador Freddy Aguasvivas sobre la supuesta estafa que se estaría haciendo contra el Estado dominicano con el contrato de AC-30, que se utiliza para la pavimentación de calles y avenidas del país.
La entidad anticorrupción anunció el inicio de una serie de pasos tendentes a recabar documentaciones, a través de la Ley de Libre Acceso a la Información Pública -200-04-, para llevarlo hasta las últimas consecuencias, ante la indiferencia de las autoridades, de las cuales no han recibido la respuesta sobre el establecimiento de responsabilidades y las debidas consecuencias. “Sobre todo que las nuevas autoridades de Obras Públicas sepan que no deben permitir que se siga timando al Estado dominicano para beneficio de un grupito”.
Más denuncias
Hace un tiempo, el secretario de Estado sin cartera y encargado de Asuntos Latinoamericanos en la Cancillería dominicana, Miguel Mejía, precisó que enemigos políticos del presidente de Venezuela, Hugo Chávez Frías, se benefician del acuerdo de Petrocaribe, un programa de solidaridad mediante el cual República Dominicana recibe 50 mil barriles de petróleo diario, pagados con productos agrícolas y con módicos intereses.
Mejía, quien también es líder del Movimiento Izquierda Unida (MIU), aliado del gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD), y del expresidente Leonel Fernández, mencionó a Mustafá Abunaba’a y al exembajador de Estados Unidos en el país, Hans Hertell, como las principales figuras favorecidas con el acuerdo Petrocaribe, a través de la empresa Sargeant Petrolium, a pesar de que abiertamente se conocen su diferencias con Chávez.
“Lo que yo necesito saber es si realmente Venezuela ha cambiado su actitud frente al árabe que anda por ahí, porque hasta ahora tengo entendido que este señor -Mustafá Abunaba’a-, que es socio de la Sangeant, una empresa que más que de servicio, tiene una finalidad política, donde el diplomático lobista que había aquí, que era una vergüenza para la diplomacia norteamericana, llamado Hans Hertell, se lucraba. Pero si Venezuela cambió con esa empresa, nosotros no tenemos que ver con eso”.
Otro escándalo
A Mustafá Abunaba’a, quien además, es padre de Karim Abunaba’a, exnovio de Nicol Fernández, hija del expresidente Leonel Fernández, se le vincula como socio de la compañía Florida Internacional Oil III, propiedad de Harry Sargeant.
Abunaba’a fue acusado de pertenecer a un grupo recaudador de fondos ilegales, para financiar al gobernador de la Florida y tres exaspirantes a la presidencia de los Estados Unidos.
El grupo recaudador de fondos era encabezado por Ala’a Al-Ali, quien trabaja para la empresa internacional de transporte marítimo propiedad de Sargeant, de Boca Ratón, viejo confidente del gobernador Charlie Crist, que se desempeñó como presidente estatal de financiación del Partido Republicano.
Una información exclusiva publicada por Gawker, da cuentas que Marty Martin, pasó la mayor parte de su vida como un anónimo agente de la CIA; pero, hace unos años salió del armario como el hombre que George Bush envió para encontrar a Osama Bin Laden. Ahora resulta que es un especulador de la guerra, muy sombrío y corrupto al parecer.
En 2007, después de salir de la CIA, Martin se unió a Internacional Oil Trading Company, una empresa de la Florida que suministró combustible a las fuerzas de EE.UU. en Oriente Medio.
En 2008, investigadores del Congreso lo acusaron de engañar el Pentágono con cientos de millones de dólares. Este año, la propia auditoría del Pentágono descubrió que la empresa cobró al gobierno 204 millones de dólares en una serie de grandes contratos de combustibles para la guerra de Irak.
De acuerdo con una demanda contra el dueño de la Florida Internacional Oil III, Harry Sargeant, Martin pagó un soborno de US$ 9 millones al jefe del servicio de inteligencia jordano en 2007, para garantizar los derechos exclusivos de su empresa por enviar combustibles a través de Jordania a las bases de EE.UU. a Irak. (Esa acusación proviene de su hermano, el Rey de Jordania, Mohammad al-Saleh, que está demandando a Sargeant por supuestamente estafarlo con la suma de US$100 millones).
Los hombres habrían bordeado leyes de financiamiento de campaña, al canalizar el dinero a través de un árabe-estadounidense, quien se presume sea Mustafá Abunaba’a.
El excandidato Jhon McCain regresó rápidamente 50,000 dólares a Sargeant. Nunca se nombró al exjefe de la unidad de la CIA encargado de la búsqueda de Bin Laden, que participó en la recaudación de fondos, pero al menos dos exjefes del grupo estaban trabajando para Sargeant en la época.
Mustafá “se alza” con RD$800MM
Desde el inicio fue una transacción “abominable” para el Estado dominicano, en virtud de que el organismo que vela por el cuidado de los puertos no vio en los 10 años de rodaje, el más mínimo centavo. Con razón, la Autoridad Portuaria Dominicana está envuelta desde hace años en su peor crisis.
Sus enemigos, Sargeant Petroleum, Ltd., de la cual es presidente el señor Mustafá Abunaba’a, con su presente y pasados secretarios que en nada tomaron en cuenta a la empresa rectora de los muelles dominicanos, se alzaron con un contrato donde el mayor afectado fue esta empresa.
El contrato se ampara sobre la base de exonerar las estructuras, los impuestos y derechos portuarios, sin ningún tipo de aval, maquinado en la apariencia por una legalidad incierta convertida en una acción que de poner siquiera un pie en los tribunales contenciosos, civiles o penales del país, de seguro que caería en la usurpación, el descaro y la desfachatez de una acción empresarial sin precedente.
Y, como si el hecho de pasarse 10 años sin pagar ni un sólo centavo al Estado dominicano fuera poco, se atrevieron a incluir en los términos de este el pago por adelantado de un consumo mínimo mensual de 1,260,000 de galones, donde por concepto de almacenaje y gestiones administrativas cobraron el equivalente de US$0.18 por galón, luego ascendido a US$.28, es decir, una suma mensual aproximada de US$226,800, equivalente a RD$8,000,000.
Para estos “defensores de la libre empresa” y de la administración pública, todavía resultó poco y aún estando obligados por los Acuerdos de San José, es decir: comprar exclusivamente a Venezuela y a México y en última instancia al mercado americano, se desconoce el alcance de negocios ilícitos de Sargeant Petroleum y Obras Públicas, dado que se pudo comprobar que limitado su accionar legal sólo para República Dominicana, desde la barcaza que sirve de plataforma para almacenar en el país, también venden productos al mercado Centro Americano y Antillano, como son los casos de Costa Rica, a la isla de Antillas Menores de Aruba, entre otras, a través de naves tales como la denominada “Ya Long Wang”, con salidas fechadas 7 y 25 de Mayo del 2009.
Camioneros y Hertell
Para el trasporte del combustible a las tropas estadounidenses en Irak participaron 60 camioneros dominicanos, contratados por Mustafá Molina & Asociados y aprobado por la Cancillería durante la gestión de Hipólito Mejía, en la cual los conductores recibirían US$1,500 al mes y US$300 al salir del país.
El conflicto entre la empresa y los camioneros se produjo “cuando los camioneros dominicanos se encontraban en la terminal aérea de Amman, capital de Jordania, listos para retornar al país, vía Madrid, pero se negaron a firmar documentos de descargo de la responsabilidad salarial de la compañía Mustafá Molina & Asociados con ellos. La Cancillería dominicana tuvo que intervenir.
El exembajador norteamericano, Hans Hertell, socio de Abunab’a, durante y luego de cumplir su misión diplomática en República Dominicana estuvo envuelto en “negocios sucios” relacionados con el capo boricua José David Figueroa Agosto, los cuales fueron revelados por el asesor del Poder Ejecutivo en materia de drogas, Marino Vinicio Castillo.
El jurista alegó que Hertell se quedó en el país realizando actividades dudosas y uno de sus proyectos fue rechazado por el diputado de la Fuerza Nacional Progresista, Pelegrín Castillo, lo que a su juicio, provocó malestar en el exdiplomático.
“Hertell y Figueroa Agosto eran amigos, él (Agosto) lo visitaba en la sede de la embajada e, incluso, tengo pruebas de que el capo boricua iba a verlo en un carro negro. Se trata de una perversidad del crimen organizado“, dijo Castillo en su programa “La Repuesta“.
Con todos estos líos en los que se ha visto envuelto Mustafá Abunaba’a, los beneficios obtenidos a través de acuerdos mañosos, este señor –también-, deja de pagar los impuestos, que calculados por todo el tiempo que tiene la empresa que representa en la República Dominicana, de seguro equivaldría a varios millones de dólares.
