Son muchas las instituciones en el país que trabajan y defienden la legalización de los hijos de inmigrantes haitianos nacidos en República Dominicana, y quienes han realizado fuertes críticas por la decisión adoptada por la Junta Central Electoral (JCE), de apoderar a la Dirección General de Migración(DGM), para la entrega del registro de nacimiento a esa comunidad.
Recientemente, el pleno de la JCE, en fecha del 21 de febrero, envió unos 19,015 registros de nacimientos de hijos e hijas de padres haitianos a la DGM, que según entidades como el Centro Bonó y Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (Codue), es violatoria a la las leyes y Constitución.
En varias ocasiones, cientos de jóvenes dominicos-haitianos se han movilizado en la sede de la JCE para exigir que se cumpla con la Carta Magna dominicana, así como que se reconozca el derecho de los hijos de inmigrantes haitianos nacido en la parte Este de la Isla Hispaniola.
Proceso de lucha
El pasado lunes 11 de marzo del presente año, fue detenido el sacerdote jesuita Mario Serrano, director del Centro Bonó, junto a 15 personas, por montar una vigilia-piquete frente al organismo electoral, que pretendía durante tres días reclamar la devolución de la nacionalidad a numerosos dominicanos de ascendencia haitiana que fueron despojados de sus documentos.
Según el sacerdote, la vigilia fue violentamente atacada por miembros de la Policía Nacional, adjunto al destacamento del sector Las Caoba de Santo Domingo Oeste, quienes se presentaron alrededor de las 9:00 de la noche, violentando el derecho que les asiste a los protestantes.
Al respecto, Ana María Belique expresó: “Estamos aquí para decirle a la Junta ¡basta ya! De que el organismo electoral detenga nuestras vidas y nos trate como si fuéramos extranjeros, cuando nacimos, crecimos aquí y fuimos reconocidos como dominicanos por el Estado”.
Belique aseveró que miles de dominicanos de ascendencia haitiana son víctimas del despojo de sus actas de nacimiento, cédulas de identidad, impidiéndoles su derecho a elegir y ser elegido, así como condenándolos a la exclusión social política y a la marginalidad en condición de apátridas.
De igual modo, el reverendo de la Codue, Fidel Lorenzo, expuso que la aprobación del envío a la Dirección General de Migración de los llamados casos “especiales”, constituye una delegación de las atribuciones de la Junta Central Electoral, que vulnera el estado de derecho de esos hijos de inmigrantes haitianos.
“La JCE está llamada a conservar la dignidad de esos jóvenes dominicos-haitianos, y no solo el reconocimiento de sus derechos civiles y políticos, sino también la consecución de las tradiciones sociales, económicas, educativas y culturales, como lo consigna la Carta Magna”, puntualizó el reverendo.
Lorenzo destacó que ningún órgano constitucional puede delegar sus atribuciones, porque ese acto sería un abandono de responsabilidad legislativa: ”El hecho de que la Junta no haya tomado la decisión de entregarle sus actas de nacimientos y sus cédulas de identidad y electoral a las personas que se encuentran en los casos ¨especiales¨, implica una violación el artículo 31 de la Ley 659 sobre Actos del Estado Civil, que declara fehacientes toda acta de nacimiento, mientras no sea declarada su falsedad”.
Inversión en salud
El Gobierno, a través del Ministerio de Salud Pública, realiza una inversión de unos RD$580 millones anuales en consulta y labores de seguimiento durante el embarazo de ciudadanas haitianas, así como dedica RD$ 460 millones a las pruebas de laboratorios, cirugías mayores, gastos de medicamentos, vacunación y otros servicios, para unos RD$1,040 millones anual.
Según datos del año 2012, la cantidad de personas indocumentadas del vecino país que pernoctan o trabajan en República Dominicana, reflejan que cada una hora nacen cinco infantes de origen haitiano en los hospitales o centros asistenciales de la nación.
En ese periodo, en República Dominicana nacieron 43,852 bebés (niñas y niños) haitianos, sin que se tuviera en cuenta si la estadía de su madre era legal o no. Es decir, que mensualmente unos 3,654 menores vieron la luz en el territorio nacional.
De ese total: 43,852; unos 28,207 vinieron al mundo a través de cesáreas (más costosas para el Estado), y unos 15,655 por partos naturales, según informaciones suministradas por el departamento de Estadísticas de Servicio Regional del Ministerio de Salud Pública.
El Gran Santo Domingo, según la división geográfica realizada por Salud, es la región donde más nacimientos tienen lugar, con un registro de 30,595, por encima de las zonas fronterizas.
Contradicciones
Para el año 2009, la cantidad de ciudadanos de la vecina isla que vivían en el país, se estimaba en el medio millón, hasta los casi dos millones; pero, todo se basa en especulaciones, por no tener el rigor científico que requiere un levantamiento poblacional de esa naturaleza.
Según el vicealmirante Sigfrido Pared Pérez, cuando fungía como director general de Migración, esa entidad tenía registrados 11 mil haitianos y haitianas que vivían de forma legal en el país, y no creía en las cifras que situaban la cantidad por encima del millón. Pero, en verdad, se estima que para la fecha había unos 500 mil en la República Dominicana.
Pared Pérez enfatizó entonces: “Siempre he dicho que el tema migratorio va a ser de primer orden en el país, puesto que República Dominicana y Haití comparten la misma isla”.
La Junta Agroempresarial Dominicana (JAD), afirmaba que en el renglón arrocero, entre un 70% y 80% de los obreros eran haitianos. Igual sucede con las plantaciones de banano, cuyo 60% es mano de obra haitiana. De igual manera, el Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (Codia), reveló que el 85% de los trabajadores del sector construcción eran de dicha nacionalidad y que de cada 10 empleos creados por el Gobierno, entre 8 y 9 los ocupaban ellos.
En 1991, la Oficina Nacional de Estadística (ONE), aseguraba que había 245 mil haitianos en República Dominicana; en 2003, la Cancillería refería un millón.
Pese a los enormes esfuerzos realizados por este multimedios DominicanosHoy, para obtener la opinión del director general de Migración, José Ricardo Taveras, como voz autorizada sobre la problemática que aqueja al Estado dominicano, esto no fue posible, ya que el funcionario, según sus representantes, se mantuvo en reuniones y viajes al exterior.
El pasado año, Taveras reaccionó sobre el tema, manifestando que la peor torpeza que podría cometer el país, era hacer una amnistía migratoria para dotar de documentos a los ilegales, como lo sugirió la representante del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en el país.
La República Dominicana podría verse afectada en los próximos meses por una sentencia condenatoria emitida por un tribunal internacional, por supuesta violación a los derechos humanos y negar a los hijos de inmigrante haitianos nacidos en el país ser reconocidos como dominicanos.
