La comisión de legisladores que conformará el Congreso Nacional, dominado por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), para investigar el conflicto surgido en la Junta Central Electoral (JCE), no va a resolver nada, todo lo contrario, echará más leña en un fuego que hace mucho está ardiendo.
Esta problemática, sin dudas, va a culminar con la interpelación de todos los miembros del organismo elector y, muy posiblemente, con la destitución de uno o dos de ellos, dentro de los cuales no está su presidente Roberto Rosario.
Se escucha en los pasillos de la JCE que hasta el presidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Miguel Vargas Maldonado, estaría forzando, a fin de que el Senado “termine” con el conflicto suscitado en la entidad, luego de que se le negara el reconocimiento a más de 20 dominicano de ascendencia haitiana. La propuesta del empresario y político es que se expulse uno de sus miembros.
El problema no va a terminar por ahora ni con la comisión que conformarán los legisladores ni con la intervención de los políticos, pues en la Junta Central Electoral, activo importante de la democracia nacional, existen diferencias personales, particulares y con injerencia foránea, pues ya organismos internacionales se han hecho eco de la situación y metieron su cuchara.
Lo ideal sería que sus miembros se pongan de acuerdo; pero ya, para el bien y la paz de la República Dominicana.
Conflicto en la JCE
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