Las villas de dos reconocidos empresarios, uno puertorriqueño y otro panameño, fueron los lugares en los cuales las autoridades dominicanas incautaron, a mediados del pasado mes de abril, unos US$3,332,645, caso que se mantiene en un limbo jurídico, ya que no fueron ni serán -de acuerdo con el procedimiento-, apresados los verdaderos dueños del dinero.
El famoso resort Casa de Campo, ubicado en la provincia de La Romana, es uno de los “paraísos” turísticos más codiciados en el mundo; pero, también ha resultado guarida perfecta para el tráfico de drogas, lavado de activos y bandas de malhechores nacionales e internacionales.
Hace más de un mes que en una operación conjunta de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), y la Drug Enforcement Administration (DEA), de Estados Unidos, ocuparon los más de tres millones de dólares en dos residencias, una perteneciente al presidente de Coca Cola en Puerto Rico, San Martín y Jamaica, Alberto de la Cruz, y la otra de su socio, el empresario panameño Rogelio Ocuña.
También se mencionan en el caso personas muy allegadas al gobierno del expresidente Leonel Fernández; sin embargo, estos no figuran en el expediente acusatorio.
Las autoridades señalan como el cabecilla de la banda a Fausto Severino Marte, exmiembro de la Marina de Guerra y entonces encargado del DNI en Casa de Campo, lo que es poco creíble por amplios sectores: “Porque él solo, sin la ayuda de algún poderoso, no pudo haber realizado dicha operación”. Le fueron impuestos seis meses como medida de coerción en La Romana.
“¿Qué está pasando? ¿A quién o qué esconden? De seguro que es algo muy grande y mucho dinero lo que está involucrado detrás de este caso y no es verdad que la gente que se ha presentado ante la opinión pública sean los verdaderos responsables y dueños de ese dinero”, aseguró una fuente de enero crédito.
El vocero de la DNCD, Roberto Lebrón, dijo a este multimedios DominicanosHoy que ese organismo antinarcóticos se siente satisfecho por la forma en que el Ministerio Público y la justicia romanense han manejado el caso; sin embargo, no ha habido un resultado concreto.
“Por tratarse de narcotráfico y lavado de activos, la DNCD le da seguimiento, pero está en manos del director legal de Investigaciones del Ministerio Público”, sostuvo Lebrón, quien agregó que la entidad encargada de dar cumplimiento de leyes sobre las drogas es un actor primario de esa lucha y que trabaja de manera coordinada con el fiscal de La Romana, José Antonio Ramírez, porque hay una sintonía en cada proceso y en este caso particular.
Previo a este escándalo, los mandos militares habían reportado la incautación de 122 kilogramos de cocaína, villas, apartamentos, un buque, una lancha y un avión, al desmantelar una estructura que enviaba drogas hacia Puerto Rico y otros países de América, cuya operación se llevaba a cabo desde Casa de Campo, en La Romana. Un tribunal dictó prisión preventiva para 29 personas implicadas en el asunto.
Se trataba de una red integrada por puertorriqueños, dominicanos y colombianos que recibían cargamentos de cocaína desde Sudamérica para luego llevarlos a la vecina isla, y probablemente a ciudades de Estados Unidos, a cuyos integrantes, la DNCD y la DEA daban seguimiento hace año y medio, informó el mayor general Rolando Rosado Mateo.
También, las autoridades judiciales y policiales desmantelaron en La Romana, muy cerca de Casa de Campo, una poderosa banda de sicarios al servicio del crimen organizado nacional e internacional, integrada por reconocidos criminales que se habían mantenido operando durante varios años en la región Este cometiendo decenas de asesinatos.
Llueven las quejas de vacacionistas que se alojan en Casa de Campo por los abusos a los que son sometidos, ante la mirada imperturbable de los guardias de seguridad del sitio, quienes se cruzan de brazos mientras observan las burlas, trifulcas e injusticias que se realizan entre los que participan en juergas.
Desde hace años este medio de comunicación ha dado seguimiento a los casos de droga y otros delitos que se presentan allí. Lo lamentable es que algunos gobernantes de la nación hayan pasado sin “enterarse” de muchas de las irregularidades que se cometen en ese sitio.
