Las modificaciones a los códigos Penal, Procesal Penal y del Menor en el sistema judicial dominicano, han desatado fuertes debates entre los diferentes sectores de la sociedad desde antes y después de las reestructuraciones.
Expertos en el tema ven necesario modificar estas leyes vigentes, por un nuevo instrumento legal acorde con la realidad social, política y económica que vive la República Dominicana.
Los especialistas entienden que los tipos penales existentes no condenan de manera ejemplar los sucesos que han puesto en vilo a la población, como son los casos de corrupción administrativa, sicariato, secuestros y feminicidios.
Una gran parte piensa que los actuales procedimientos son permisibles para el auge de la delincuencia y la criminalidad, mientras que otros entienden que son ideales y garantizan a los individuos sus derechos en un Estado democrático.
Debates
Instituciones no gubernamentales y gubernamentales como Participación Ciudadana (PC), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), entre otras, entienden que aumentar las penas penitenciarias no disminuirá la criminalidad que afecta a la nación.
Rosalía Sosa, directora ejecutiva PC, manifestó que la ampliación de las penalidades no ha resuelto el problema, ya que siempre ha estado presente.
Explicó que esa entidad no es partidaria del crecimiento de las condenas carcelarias; pero, que sí están de acuerdo con la introducción de los tipos penales como sicariato, secuestros y feminicidios.
Entiende que debe establecerse el artículo 146, sobre la prescripción de la corrupción, debido a que este es un mal, donde no existe la voluntad política para perseguir, sancionar y juzgar.
A juicio del coordinador de la Alianza Contra la Corrupción Administrativa (Adocco), Julio César de la Rosa Tiburcio, los pasos asumidos son paliativos; pero, no resolverán el problema.
Entiende que se deben atacar los factores que inciden como son la falta de empleos, alimentación, salud, educación, entre otros males. No obstante, valoró como positivo el cúmulo de penas para personas que cometen distintas transgresiones.
Sin embargo, el presidente de la Fundación Justicia y Transparencia (FJT), Trajano Vidal Potentini, aseguró que los cambios son trascendentales, debido a que representan visiones y enfoques para la lucha contra la delincuencia que azota a la ciudadanía.
Vidal Potentini lamentó que el Senado se haya dejado amedrentar en el caso de la sanciones a los menores: “Creo que debió ser de 20 años, para aquellos cuyas edades oscilen entre 15 y 17 años”.
En esa opinión, Raquel Cruz Díaz, fiscal adjunta, mediante un artículo publicado en el portal digital Cuidadoriental.org, titulado: ¿Qué nos garantiza que endurecer las penas disminuye la criminalidad? Analizó:
“La verdad es que no existe estadística alguna desde el punto de vista criminológico que demuestre que la extensión de las penas sea garante de la disminución de las tasas de criminalidad, pero el derecho Penal no quita el hambre, ni termina con la miseria. El poder punitivo no rompe la desigualdad social, no elimina la inequidad en la distribución de los bienes, ni excluye de la sociedad la falta de oportunidades.
“El endurecimiento de las penas no genera mayores índices de educación, alimentación, seguridad. El drama humano que encierra la indigencia y la miseria extrema, sin lugar a dudas engendra delincuencia y fecunda de forma rápida la criminalidad.
“Por eso allá en la crueldad de las prisiones, donde impera el desconsuelo, en principio se castiga el delito; pero, más a fondo muchas veces también la pobreza”, concluye Cruz Díaz.
De su lado, Conani publicó en los medios nacionales de prensa su desacuerdo con las modificaciones hechas al Código del Menor, que agranda la pena máxima de 5 a 8 años a los infractores: “Existen herramientas diferentes para controlar la problemática, comenzando por la familia, que tiene el deber de bien orientar a los hijos hijas”, resaltó la institución.
El proyecto enviado por la Cámara de Diputados al Senado establecía robustecer de uno a diez años a los adolescentes con edades entre 13 y 15 años, al momento de cometer una violación a la ley, y de uno a 15 años a quienes tengan entre 16 y 18 años. Dichas normativas fueron reducidas a 8 años, debido a las violaciones en las que incurriría el país, de acuerdo a varios convenios y tratados internacionales.
El legislador Luis Jiménez, uno de los proponentes del proyecto de ley que modifica el vigente código Penal, señaló que tiene varios años, desde antes de ser congresista, planteando que es ineludible amplificar las sanciones para frenar la ola de agresiones.
“En una familia donde los padres no sancionen a sus hijos de manera ejemplar, la violación se va involucrando. La República Dominicana requiere de las modificaciones que se han introducido al sistema, donde las expiaciones han sido aumentadas de 30 a 40 años y se establece el cúmulo de las penalidades.
“No es posible que un sujeto viole, robe y asesine y que solo tenga un castigo de 30 años; con esta modalidad las sanciones se enjuiciarán hasta 60 años”, acotó.
Jiménez indicó que otro de los elementos que se condenan es la ocupación a la propiedad privada, que- según considera-, se ha convertido en un relajo y una mafia para ocupar terrenos: “Todos los correctivos se van a agravar en un 30%”.
En ese sentido, el presidente de la comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, Demóstenes Martínez, rindió un informe favorable al hemiciclo para que se ejecuten las transformaciones: “Dichos cambios no tiene nada que ver con el crecimiento, ni con la reducción de la delincuencia, ni la criminalidad, sino que son mecanismos para enfrentar esos flagelos. Son para intervenir el hecho consumado, no antes. Es decir, no previene futuras acciones delictivas”.
Martínez expuso que ahora se vislumbra el cúmulo de las penalidades para cuando un sujeto sea reincidente en la infracción. También, la responsabilidad jurídica de una empresa, que antes no se condenaba y ahora el sistema lo permitirá. A ello se añade el aumento de las sentencias cuando se utilizan menores para actos delictivos. En el caso del sicariato, se determina que las consecuencias sean iguales tanto para el actor intelectual, como para el material. La agresión con ácido del “Diablo o Plomerito”, tendrá consecuencias penitenciarias, así como los feminicidios.
También el diputado destacó que los cambios contemplan las figuras de la semilibertad y la medida sociojudicial, entre otras innovaciones acordes a la realidad del país.
Procesal penal
El presidente de la comisión de Justicia dijo que los cambios introducidos en el código Procesal Penal solo tienen que ver con el procedimiento para aplicar las disposiciones del Penal: “Lo que se ha hecho en esta normativa judicial es cerrar un poco la brecha a los jueces, para que no se vean forzados a conceder libertad condicional a delincuentes”.
Opinó que en el caso de un homicidio, se colocan una serie de requisitos para que la medida conferida sea la prisión y no fianzas o impedimento de salida.
Gran parte de los países de Centro América y el Caribe han entendido que la disminución de la violencia, criminalidad, feminicidios, secuestros, no se resolvería con endurecer las penas judiciales, sino creando espacios de empleos y soluciones sociales a las capas poblacionales más vulnerables. República Dominicana no escapa a esta realidad.
