La Procuraduría General de la República pidió este lunes al Tribunal Constitucional (TC), rechazar el recurso de inconstitucionalidad presentado en contra de la resolución del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), que consiente a las autoridades investigativas acceder ilimitadamente y sin orden judicial previa a las comunicaciones de los ciudadanos.
En ese sentido, el procurador general adjunto Ricardo Taveras Cepeda, entiende que procede rechazar el recurso presentado por el presidente de la Fundación Prensa y Derecho, Namphi Rodríguez, y el periodista Rafael Molina Morillo, director del periódico El Día, por improcedente, mal fundada y carente de base legal.
En tanto que el tribunal, presidido por el magistrado Milton Ray Guevara, luego de escuchar las conclusiones de las partes envueltas en el proceso se reservó el fallo para darlo a conocer en un plazo de cuatro meses.
Igualmente, el consejo de defensa del Indotel, representado por Juan Antonio Delgado, miembro del Consejo Directivo de la entidad, pidió al TC rechazar la acción directa de inconstitucionalidad en contra de la resolución 086-11, del primero de septiembre de 2011, dictada por la entidad, que aprueba el reglamento para la obtención y preservación de los datos e informaciones por parte de los proveedores de servicios.
Mientras que el presidente de la Fundación Prensa y Derecho pidió que acogiera el recurso, por entender que la pretensión de Indotel, de permitir acceder de manera ilimitada y sin orden judicial, previa a las autoridades investigativas, a las comunicaciones de los ciudadanos, viola no sólo el artículo 44, sino también los artículos 69, sobre debido proceso, 38, sobre la dignidad humana, 49, acerca de la libertad de expresión y 6, sobre el Estado de derecho, de la Constitución.
Rodríguez sostuvo que la Constitución es clara cuando preserva el derecho a la intimidad de las personas y establece el principio de exclusividad judicial; es decir, que para la intervención de las comunicaciones de los ciudadanos se requiere orden de un juez competente.
