La directora del Instituto Nacional de Defensa de los Derechos de los Consumidores (Pro Consumidor), Altagracia Paulino, depositó este martes en la Suprema Corte de Justicia un recurso de casación contra la sentencia emitida por el Tribunal Contencioso Administrativo, que favorece a la distribuidora de Gas Licuado de Petróleo (GLP), Propagas (Propano y Derivados), en perjuicio de la población.
Explicó que la sentencia posee incoherencias y una serie de violaciones a normativas y reglamentos constitucionales fundamentales, por lo cual han apelado ante la Suprema Corte dicha decisión, para que ésta proceda a su anulación.
Paulino espera que el tribunal de alzada conozca el caso en el más breve plazo posible, porque son los consumidores quienes están siendo afectados cada vez que adquieren GLP en esta empresa demandada.
La directora de Pro Consumidor advirtió que defenderá ante la Suprema Corte los derechos que por ley tiene esa institución, de multar a las empresas de servicios que cometen fraudes contra la población.
Recientemente la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA), decidió mediante sentencia que Pro Consumidor no tiene facultad para imponer multas.
El tribunal expone en el fallo que en ninguna parte de la Ley General de Protección a los Derechos del Consumidor o Usuario 358-05, se otorga a la entidad que dirige la abogada y comunicadora la posibilidad de imponer sanciones a raíz de la comprobación de infracciones precisadas en el artículo 112 de esa legislación.
Paulino dijo que lo extraño e incongruente del caso es que ese mismo tribunal le había dado la razón 15 veces a Pro Consumidor, cuando rechazó las medidas cautelares que habían colocado empresas que comercializan gas propano en la República Dominicana.
