Brasilia.- Con la entrega de una propuesta de plebiscito al Congreso brasileño, el Gobierno dejó en manos del Legislativo la opción de consultar a la ciudadanía en torno a temas reclamados en manifestaciones en las calles.
El ministro de Justicia, José Eduardo Cardozo, señaló que el ejecutivo no trabajará con los diputados en la inclusión o exclusión de sujetos del plebiscito, ni ejercerá influencia alguna en las discusiones sobre el modelo de consulta que sea adoptado(referendum o plebiscito).
Puntualizó que el Gobierno apenas presentó sugerencias para una reforma política, mas ahora la tarea del Congreso es escoger lo mejor para el futuro del país.
«Cada partido tiene autonomía y libertad de formar su opinión y decidir si será realizada (la consulta)», subrayó Cardozo, quien fue la víspera el encargado de entregar a los líderes del Senado, Renan Caleheiro, y de la Cámara de Diputados, Henrique Eduardo Alves, un mensaje de presidenta del país, Dilma Rousseff.
El documento pide se convoque a un plebiscito sobre cinco objetivos puntuales de la reforma política: formas de financiación de campañas (pública o privada), el sistema electoral (voto proporcional, distrital o mixto) continuidad o no de la suplencias parlamentaria, la manutención de las coaliciones partidarias y el fin de voto secreto.
Para el titular, las controversias que implican la reforma política son naturales y el Congreso es libre de incluir más temas en la consulta, como el fin de la reelección.
Los pronunciamientos de Cardozo ocurrieron después de que el máximo representante de la Cámara de Diputados anunciara que un grupo de diputados trabaja en otra propuesta de manera paralela a la de Rousseff, opción que sería considerada como un plan B y señaló que tienen hasta 90 días para elaborar el texto del plebiscito.
Tras reconocer que la nación necesita una reforma amplia y transparente, adelantó que creará una comisión para que elabore sus propuestas y presente dentro del plazo fijado las preguntas de una eventual consulta.
Parlamentarios de oposición adelantaron que cuentan con su propia formula, pues se oponen a la iniciativa del gobierno de consultar a la ciudadanía antes de la elaboración de la ley.
La idea del grupo opositor es convocar a un referéndum para que los electores ratifiquen o rechacen normas ya redactadas.
Medios políticos alertaron que la discusión de estas propuestas podría extenderse y generar más rechazo de parte de la ciudadanía, que espera por cambios urgentes que permitan mejorar las condiciones de vida y garantizar menos corrupción y más seguridad.
