Ante la insuficiente transparencia de los gobiernos municipales, diferentes sectores de la República Dominicana han realizado fuertes cuestionamientos, debido a la falta de rendición de cuentas en la administración de los fondos asignados para sus ejecuciones.
En los últimos meses, por lo menos nueve alcaldías han sido denunciadas por los munícipes y organizaciones civiles de cometer corrupción, mediante el manejo de las operaciones presupuestarias y las donaciones.
Los ayuntamientos que se encuentran bajo vigilancia de las entidades de la sociedad civil son: Las Terrenas en Samaná; La Romana, Navarrete; Santiago, Bayaguana; Gonzalo de Monte Plata; Fantino en Sánchez Ramírez; Santo Domingo Norte, Distrito Nacional y otros.
Entre las irregularidades más frecuentes que se presentan están el 25% para gastos del personal fijo o bajo contrato temporal; 31% para la realización de actividades y mantenimiento ordinario de los servicios municipales que prestan a la comunidad; 40% para obras de infraestructura, construcción y modificación de inmuebles y adquisición de bienes asociados a esos proyectos, incluyendo gastos de preinversión e inversión para iniciativas de desarrollo económico local y social; así como también un 4% dedicado a programas educativos, de género y salud.
Denuncias
Según la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (Adocco), más de 100 síndicos y directores municipales pertenecientes a todos los partidos, reúnen los méritos para ser procesados penalmente por serias y graves alteraciones cometidas en el desempeño de sus funciones, como lo establece la Ley 176-07 que rige el Distrito Nacional y los Municipios en su artículo 21.- Destino de los Fondos.
Julio César de la Rosa Tiburcio, presidente de Adocco, expuso que no existe ningún control, basándose en los informes suministrados por la Cámara de Cuentas de la República, con la comisión de irregularidades que van desde la contratación de obras, compras y el pago de obras inexistentes, nóminas fantasmas y el nombramiento de familiares.
Declaró que a diario recibe denuncias de corrupción provenientes de los municipios y distritos municipales en donde se destacan las adquisiciones de bienes y servicios sin cumplir con los procedimientos que prevé la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones, así como el pago de obras cuantiosas sin ser ejecutadas.
Santiago
En el ayuntamiento de Santiago de los Caballeros se adquirió una flotilla de vehículos en franca violación a la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones Públicas, que establece que toda adquisición realizada por los estamentos públicos deben gestionarse mediante licitaciones, cuyos oferentes deberán estar inscritos en la Dirección General de Contrataciones Públicas.
Gilberto Serulle, alcalde de esa demarcación, adquirió 25 vehículos y de inmediato hizo entrega a los directores departamentales de la Alcaldía, indicando que las camionetas fueron compradas a la compañía Viamar, supuestamente, sin inicial, para pagarlas en 42 meses, por un monto de 35 mil dólares cada una, precisando que no hubo “intermediarios”. Sin embargo, los informes que maneja la entidad anticorrupción indican que si hubo terceros, los cuales financiaron su campaña electoral.
Navarrete
El Frente Amplio de Lucha Popular (Falpo), realizó una protesta en las instalaciones de la Cámara de Cuentas, en demanda de que se audite el cabildo de Villa Bisonó del municipio de Navarrete, debido a que existen anomalías sobre el uso adecuado de los recursos del Estado.
La organización acusa a la síndica del municipio de Navarrete, Amantina Gómez Garrido, de no cumplir con los reglamentos, dentro de los que citó: la rendición de cuentas mensualmente, ni con la Ley de contratación de Obras, Bienes y Servicios del Estado.
Las Terrenas
Entre las presuntas incoherencias figuran sobrevaluaciones de obras, firma irregular de contrato con una empresa recolectora de desperdicios, deudas contraídas con compañía de seguro médico y agencia de venta de motocicletas, pese a que en ambos casos les descontaban las cuotas a los empleados municipales, pero no las pagaban.
Asimismo, el alegado robo de recibos de pago de arbitrios, sin que ninguna de las puertas del edificio que aloja la corporación edilicia fuera violentada; 96 personas que cobran mensualmente en el cabildo, pero se desconoce en cuáles departamentos laboran; las funciones de la vicealcaldesa y el pago de un millón 320 mil pesos por la construcción del puente El Pueblecito, sin que la obra se haya iniciado.
San Francisco de Macorís
En la provincia Duarte, las sociedad civil remitió a las autoridades municipales y judiciales correspondientes la auditoría que hiciera el organismo regulador del Estado al ayuntamiento de San Francisco de Macorís, por el desfalco multimillonario contra esa entidad, pero recriminó que los incumbentes hayan archivado el expediente sin proceder judicialmente o dar a conocer a la opinión pública sus resultados.
Gonzalo y Bayaguana
En estas localidades de Monte Plata se desconocen las ejecuciones presupuestarias; sin embargo, lo que llama a la atención es la resolución 005-13, emitida por la Alcaldía de Bayaguana, la cual exonera RD$94millones anuales a las empresas Barrick Gold y Ege Haina, por el uso de suelo, mediante la colocación de 64 antenas de alta tensión por ese municipio.
Representantes de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), filial Bayaguana, la Unión de Deportistas de dicho territorio y otras entidades anunciaron su intención de llevar a la justicia a los autores de la medida en perjuicio la empobrecida comunidad.
Tanto el diputado Juan Hubieres, como el presidente de la ADP en Bayaguana, Wilson Robles, catalogaron como “alta traición” la resolución emitida en beneficio de la minera de origen canadiense.
La Romana
La Comisión Permanente de Asuntos Municipales de la Cámara de Diputados, que preside el legislador José Altagracia González, investiga los supuestos actos de corrupción en el Ayuntamiento de de La Romana, puestos a la luz por el congresista Eugenio Cedeño.
La comisión escuchó las opiniones de los ediles Freddy Mejía y Alejandro Ferreira, ambos por el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), y de Francisca Isabel Fuente de Aza, por el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), sobre el manejo de los fondos públicos, que según informe tiene una deuda de RD$300 millones, así como el destino de unos US$500 mil para la construcción de un parque en esa ciudad.
Los congresistas investigan 17 puntos, que van desde los faltantes de caja chica, mora en fecha de pago y el nivel de ejecución presupuestaria, entre otras.
José Altagracia González manifestó que es alarmante la cantidad de denuncias que están llegando sobre corrupción en los ayuntamientos, tanto en la ciudad como en los municipios, por lo que tendrán que interpelar a todos los alcaldes.
LMD justifica
El secretario general de la Liga Municipal Dominicana (LMD), Johnny Jones, justificó a este multimedios DominicanosHoy los gastos en los que incurren los ayuntamientos y juntas municipales cuestionadas por la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (Adocco) y la sociedad civil.
Jones recordó que muchos de los cabildos están trabajando con presupuestos viejos y que cada día tienen que comprar más caros los combustibles e incurrir en otros gastos que la gente desconoce.
Informó que se están trabajando en la modernización de la plataforma tecnológica que ayudará a manejarse de manera más transparente.
Las sanciones que se contemplan en el código penal en casos en que los alcaldes sean hallados culpables se detallan en la Ley 176-07, en el párrafo IV, donde señala que “La violación de este artículo será sancionado con penas de 2 a 5 años de prisión, con el pago de una indemnización de cinco a veinte salarios mínimos, así como también a la inhabilitación para el servicio público prevista por la legislación penal dominicana para estos casos”.
