La organización Visión Mundial manifestó su rechazo al aumento de las penas privativas de libertad contra adolescentes de 13 a 18 años de edad, tras considerarlo un daño al bienestar de la niñez y adolescencia del país.
Dijo que la referida disposición está planteada en el proyecto de modificación de la Ley 136-03, o Código para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.
La entidad asegura que no aboga por la impunidad, pero resalta la importancia de que el Estado mejore su capacidad para construir una sociedad de paz, lograr una mayor justicia social y dar respuestas a las situaciones que generan vulnerabilidad en la población infantil y adolescente.
Indicó que tales situaciones abarcan la pobreza, marginalidad, exclusión social, violencia intrafamiliar, violencia de género, falta de oportunidades, y promoción de violencia en algunos medios de comunicación.
Explicó que una prueba de que el modelo es desfavorable para la nación es el informe sobre el proyecto de Ley 136-03 realizado por la Comisión de Justicia del Senado, luego de una visita a Costa Rica.
Dice que en el documento, la comisión afirma que el aumento de las penas de privación de libertad no redujo la violencia ni la participación de jóvenes en ella, sino que la situación se ha agravado en ese país. Una experiencia que se repite en otras zonas de la región, como México y Colombia.
La organización sostiene que en la actualidad los centros especializados de detención no cuentan con las condiciones para cumplir con su función de facilitar la reinserción social de los que han cumplido condenas.
Además, asegura que las medidas socioeducativas previstas en el artículo 327 de la Ley 136-03, orientadas a reeducar a la juventud infractora, han tenido un impacto mínimo por la inconsistencia en su implementación, la inexistencia de programas apropiados y la falta de coordinación interinstitucional.
Visión Mundial considera que se debe priorizar el establecimiento de los sistemas de protección en el nivel local, sobre todo las juntas locales de promoción, protección y restitución de derechos, proveer a los centros de privación de libertad de personal competente y recursos logísticos que garanticen el adecuado funcionamiento de los programas de reeducación y capacitación vocacional.
Finalmente, destaca la urgencia de garantizar la sostenibilidad del sistema de protección, haciendo efectiva la asignación del 2% del Presupuesto Nacional para el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia, así como la asignación del 5% del presupuesto de los Ayuntamientos, conforme a lo establecido en los artículos 448 y 449 de la ley 136-06.
