Betania es una niña de 7 años con Parálisis Cerebral parapléjica con repercusiones en el lenguaje (se comunica con gestos), vive en Azua con sus padres, una joven pareja de esposos, quienes se trasladaron en transporte público hacia la capital, venciendo todos los obstáculos que conlleva viajar con su hija en tales circunstancias, para llegar a tiempo a la cita médica en el Centro de Rehabilitación a fin de tomarle las medidas corporales, y hacerle un corset para ayudarla con la postura.
Con la premura del tiempo, porque tenían que regresar el mismo día a su pueblo natal, tras haber pedido permiso en su trabajo, el padre de Betania cuenta que no tiene una silla de ruedas que haga más fácil la movilización de la niña, por lo que se turna con su esposa para sostenerla en los brazos. Además, esto le impide llevarla al parque para su recreación y visitar a la familia.
“Yo no trabajo, y lo poco que gana mi marido se va en las atenciones que amerita mi niña y no hay facilidades del Estado para las personas así. Tenemos también un niño de 10 meses, gracias a Dios nació sano, pero hay muchos gastos y los ingresos no alcanzan”, expresó María Pérez, madre de la menor.
Lamentablemente, las violaciones a los derechos como seres humanos y ciudadanos de una nación democrática, así como la vulnerabilidad a la que están expuestos los niños, niñas y adolescentes con capacidades diferentes de República Dominicana, no solo se extiende a las limitantes de un Estado excluyente y carente de políticas públicas, que les permita realizar actividades propias de su edad, sino de individuos que aprovechan sus condiciones de indefensos para abusar sexualmente de ellos.
Esta problemática preocupa a instituciones relacionadas con el bienestar de la niñez como el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), y Visión Mundial, quienes en los últimos días se han pronunciado en torno a la negligencia del gobierno para combatir la discriminación y lograr que los servicios de salud atiendan correctamente sus necesidades y la escuela garantice su inclusión.
No obstante, el poco interés por proteger a este segmento de la población es tan desmesurado que ni siquiera existen estadísticas sobre la cantidad de infantes discapacitados físicos y mentales en el país, por lo que tampoco hay programas con el objetivo de ayudarlos.
En ese sentido, María de Jesús Conde Zabala, representante de Unicef, manifestó que estos pequeños son víctimas de maltratos y abusos por parte de quienes se relacionan con ellos, incluyendo sus propias familias. Encima, son propensos a atentados sexuales, debido a que están más aislados, suelen tener mayores dificultades de comunicación y son educados para obedecer y seguir indicaciones de los adultos sin ningún cuestionamiento.
“A los niños y niñas con esta dificultad se les niega frecuentemente el derecho a la educación. En muchos lugares las escuelas no cuentan con planes o maestros calificados que aseguren una completa inclusión. Otros no van a las escuelas porque no tienen inodoros o letrinas y algunos declaran que procuran comer y beber menos para reducir las veces que necesitan utilizarlos. Sólo el 42% de las niñas con discapacidad terminan la escuela primaria”, expresó Conde Zabala.
Ante este panorama, Unicef propone una serie de medida que van desde combatir la discriminación, eliminar los obstáculos del aislamiento, disponer de información confiable sobre el número de niños y niñas especiales y el tipo de impedimentos que padecen; así como la manera en que estos afectan sus vidas.
Combinar esta información con otros datos socioeconómicos, significa tomar decisiones sobre inversión, diseño, oferta de servicios y evaluación de las intervenciones.
Mientras el gobierno y las organizaciones protectoras de los derechos infantiles conversan sobre lo que debería hacerse para ayudar a quienes viven con problemas físico-motores, miles de ellos están expensos a cualquier peligro.
En este sentido, Ramón Peralta, padre de cuatro niños, acude al Centro de Rehabilitación con su hijo de 2 años, quien padece de problemas neurológicos y tensión muscular, con la esperanza de que su vástago pueda caminar. Reafirma que la vida es muy difícil en este país, más aun con estas limitantes.
“Para incluir realmente a los niños y las niñas con tales características se necesita un cambio de actitud de la sociedad. Debemos enfocarnos en sus enormes potencialidades y ofrecerles todas las oportunidades que merecen. Ellos tienen derecho a desarrollar plenamente todas esas potencialidades y nosotros tenemos la obligación de darles las herramientas para que lo hagan”, manifiesta María de Jesús Conde.
Esperanza
El Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS), informó recientemente que aprobó mediante la resolución No. 320-02 del 18 de julio 2013, el borrador del Reglamento que establece el procedimiento para otorgar Pensiones Solidarias que permitirá que miles de dominicanos puedan acceder a una pensión por vejez, discapacidad y sobrevivencia, según declaró Rafael Pérez Modesto, gerente general de la entidad.
El funcionario aclaró que tendrán derecho a ser beneficiarios de una pensión solidaria las personas de cualquier edad con una discapacidad severa, ya sea física, mental y/o sensorial, que le limite o impida realizar un trabajo productivo y no puedan garantizar su subsistencia.
El reglamento especifica el procedimiento de cómo se van a otorgar las pensiones solidarias, en la cual interviene el Sistema Único de Beneficiarios (Siuben), el Consejo de Desarrollo Provincial (CDP), y las entidades del Sistema Dominicano de Seguridad Social, lo que garantizará un proceso transparente y equitativo.
Asimismo, fueron iniciados los trabajos para la construcción del Centro de Atención Integral para la Discapacidad (CAID), en Santiago, el segundo que levanta el Despacho de la Primera Dama.
El primero de estos centros destinados a la atención de niños y niñas de entre cero y diez años, será inaugurado en las próximas semanas y está localizado en la avenida Luperón, casi esquina Enriquillo, en el municipio Santo Domingo Oeste.
“Como lo he reiterado en diversas ocasiones, desde hace un buen tiempo el Presidente de la República y quien les habla, hemos tenido muchas preocupaciones sobre la necesidad de construir un centro para ayudar en el desarrollo integral a la niñez en condiciones especiales, por eso al día siguiente de llegar al gobierno, se estableció como un proyecto de nación, la construcción del Centro de Atención para la Discapacidad (CAID)”, puntualizó la primera dama Cándida Montilla de Medina.
En ese centro, los niños recibirán atención básica, a partir de una evaluación médica para perfiles específicos que orientarán la aplicación de las técnicas más modernas y diversas existentes en esta materia.
Montilla viajó a Lima, Perú, y firmó un acuerdo de cooperación interinstitucional con el Centro Ann Sullivan de esa nación sudamericana, modelo educativo exitoso y referente obligado en los servicios que brinda a personas con necesidades especiales.
“Sin duda alguna estamos haciendo algo que nunca se había hecho, dando respuesta a la demanda de servicios que requieren estos infantes con condiciones especiales, y permanentemente estamos promoviendo en la población el incremento de la sensibilidad y de la solidaridad, así como de mayor alerta y conciencia sobre la realidad de este colectivo infantil”, agregó la primera dama.
Ojalá que todos estos proyectos sean finalizados, para que tanto los padres, madres y los menores con capacidades especiales puedan tener una vida más llevadera y agradable, donde la única limitante sea la impuesta por la naturaleza de su propia condición.
Discapacitados enfrentan limitaciones del Estado
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