Caracas.- La opinión pública venezolana se encuentra a la expectativa luego de que el presidente de la República, Nicolás Maduro, anunciara que alista un planteamiento integral para lanzarse a fondo en su cruzada contra la corrupción.
«Estoy trabajando en un planteamiento integral para combatir la corrupción en todas sus expresiones, agradezco a los compatriotas por su apoyo», escribió recientemente el dignatario en su cuenta de Twitter.
Anunció Maduro que presentará ante el Parlamento -donde en las últimas semanas la bancada socialista ha acusado a miembros de la dirigencia opositora- «informe, pruebas y propuestas concretas que dejarán desnudos a los que amparan a los corruptos».
La víspera, reiteró esta voluntad durante una extensa alocución nocturna: «Voy a ir a la Asamblea Nacional con propuestas concretas y una visión integral de lo que es la corrupción para combatirla y acabarla desde todos los puntos de vista (…) Iré con pruebas», aseguró.
El jefe de Estado insistió en su decisión de solicitar una Ley Habilitante, a fin de articular normativas más estrictas y propiciar, de acuerdo a las leyes, la adopción de penas máximas contra delitos de corrupción.
La iniciativa deberá ser secundada -según la Constitución- por al menos las tres quintas partes de los miembros del Legislativo: 99 diputados.
«Cuando vaya al Parlamento, iré acompañado del diputado 99 (…), que es el pueblo en la calle movilizado contra la corrupción», sostuvo.
La Ley Habilitante faculta al presidente de Venezuela para dictar decretos con rango, valor y fuerza de ley sobre las materias que estime pertinentes de acuerdo a las necesidades del país.
Maduro ha advertido en repetidas ocasiones que la contienda anticorrupción es y será implacable: «caiga quien caiga», ha dicho en referencia a casos probados y probables de miembros de entidades de gobierno y también de la oposición.
Este jueves, el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez, informó sobre la desarticulación en el estado Zulia de una red de funcionarios -15 detenidos- del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime), dedicados al fraude internacional de documentos.
De cualquier manera, los casos más sonados han sido -debido a implicaciones políticas y a diversas reacciones exacerbadas- los del diputado opositor Richard Mardo (Primero Justicia, por Aragua) y de ûscar López, director del despacho de la Gobernación de Miranda, encabezada por el excandidato presidencial Henrique Capriles.
A Mardo le fue allanada su inmunidad parlamentaria para dar curso expedito a una investigación por presuntas defraudación fiscal y legitimación de capitales.
En tanto, López fue acusado por la bancada socialista en el Parlamento en virtud de supuestos hechos de corrupción -fueron presentadas varias facturas- e incluso por su probable participación en una «red de prostitución».
