El procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, saludó este martes la iniciativa de propiciar encuentros para discutir sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), cuando impugnan leyes internas del país, con el objetivo de identificar criterios que conduzcan a una definición de la política del Estado dominicano con relación al tema.
Domínguez Brito habló del tema al participar en la mesa redonda sobre ejecutoriedad de sentencias de la CIDH cuando contravienen el derecho interno, organizado por la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), con el auspicio de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).
Domínguez Brito también se refirió a las resoluciones emitidas por la Procuraduría General de la República Dominicana luego que la CIDH emitiera sendas sentencias que declaran al Estado como responsable de violar los derechos fundamentales, la integridad y libertad personal, y de expresión, así como las garantías judiciales y la protección judicial.
En una de esas resoluciones se instruye a la Fiscalía del Distrito Nacional, reabrir, continuar y profundizar la investigación relativa a la desaparición y paradero del catedrático Narciso González Medina, ocurrida el 26 de mayo de 1994 en Santo Domingo.
Entre tanto, Servio Tulio Castaños Guzmán, en su calidad de vicepresidente ejecutivo de la FINJUS, pronunció las palabras de bienvenida al panel que contó con la exposición de Radhys Abreu de Polanco, magistrada de la CIDH; Paola Pelletier, quien trabaja en el tema de derechos humanos, y el jurista Juan Miguel Castillo Pantaleón.
