El aumento del narcotráfico en la nación mantiene preocupados a amplios sectores de la población, quienes entienden que en República Dominicana los niveles de violencia y criminalidad son similares a los que ocurren en México y Colombia, donde grupos traficantes de sustancias tóxicas mantienen en vilo a sus ciudadanos e imponen el terror.
El drama del comercio de estupefacientes se ha acentuado en la sociedad dominicana, tanto así que hablar de drogas, narcotráfico, cárteles y “otras yerbas”, se ha vuelto una costumbre; pero, indudablemente este un tema muy complejo, cuyo resultado final es la gran cantidad de homicidios cometidos por personas inmersas en el mundo de la drogadicción.
Diversas personalidades cuestionadas al respecto manejan la hipótesis de que el entorno se agrava, pues el Estado, que además de carecer de autoridad y credibilidad en la lucha contra este flagelo, no hace lo necesario para enfrentar una realidad tan compleja.
La opinión generalizada de los entrevistados es, en síntesis que: “El Gobierno no solamente ha perdido su potestad, sino también su veracidad en la lucha contra este mal. Ante este escenario se hace imprescindible transformar y revisar de forma profunda las instituciones”.
Pese a que la sociedad ha alzado su voz de alarma sobre el particular, llama la atención la denuncia del procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, quien afirmó que “el narcotráfico lo corroe todo: como es la juventud, la Policía Nacional, la Dirección Nacional de Control de Drogas, e incluso soborna jueces y fiscales en momentos determinados”.
De acuerdo a lo afirmado por el alto funcionario del gobierno de Danilo Medina, se trata de sectores poderosos, con dinero, capaces de matar y hacer lo que entiendan necesario con el fin de acrecentar su dominio en una sociedad plena de carencias.
El procurador Domínguez se refirió, además, a la permisibilidad judicial frente al narco y definió como altamente preocupante las órdenes de libertad concedidas por una corte penal en favor de dos colombianos sindicados como jefes de una banda de narcotraficantes.
Recientemente, el juez de la octava Sala Penal del Distrito Nacional ordenó al procurador de la Corte de Apelación la libertad de los hermanos colombianos Huber Buitrago y Ángel María Buitrago Vacca, acusados de ser cabecillas de una red de lavado de activos desmantelada en diciembre pasado.
Opiniones
El secretario de la Asociación Jueces Dominicanos para la Democracia (Judemo), Daniel Julio Nolasco Olivo, consideró como tremendistas las declaraciones del representante del Ministerio Público que dirige la política criminal del Estado y señaló que él debería citar casos específicos y presentar las denuncias ante el órgano correspondiente.
Abordado al respecto, el presidente del Frente Amplio (FA), Fidel Santana, apuntó que Domínguez Brito no ha dicho nada nuevo, si no algo que todos conocen: “Está descubriendo el agua tibia. Lo único sorprendente es que llame a poner tras las rejas a quienes desde el Estado se manejan en contubernio con traficantes de estupefacientes”.
Para Santana, las declaraciones del procurador se asimilan a las de un ciudadano cualquiera, porque se queja y lamenta de una realidad a la que está llamado a afrontar. Entiende que por esas declaraciones, el “incapaz” procurador debe presentar renuncia y abrir las puertas a alguien que tenga la valentía y voluntad de combatir a los criminales.
Al hablar del tema, el politólogo Pedro Catrain consideró que el narcotráfico en el país, tradicionalmente, ha tenido un manto de protección desde los poderes gubernamentales y puntualizó que lo correcto sería que todo el que infrinja la ley sea sometido a la justicia: “Sin embargo, te encuentras que el sistema es capaz de meter preso a cualquier persona; pero, que no sea ni político ni militar”.
Catrain explicó que si se quiere tener una nación más segura, es preciso frenar los vicios de las instituciones del país: “El problema en esta ocasión son las mal manejadas entidades llamadas a enfrentar el delito y la falta de una política clara en la lucha contra la corrupción en República Dominicana”.
De su lado, Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), calificó como una triste realidad lo expresado por Domínguez Brito, e insistió en la necesidad de mayores esfuerzos conjuntos de los organismos nacionales para “ponerle pecho” al poder del narcotráfico.
Frente a esta situación, Castaños Guzmán reflexiona que se deben diseñar políticas, a fin de evitar que esta nebulosa siga permeando las entidades llamadas a combatir el flagelo.
El reconocido jurista deduce que estas instituciones tienen que analizar las fallas y unificar esfuerzos para corregir la problemática, con la finalidad de hacer más efectiva la lucha contra las drogas.
Recientemente, el diario El Nacional editorializó sobre el tema indicando que el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán, debería disponer una profunda investigación para determinar la veracidad y alcance de la denuncia del procurador Domínguez Brito, porque ahora el lodo se desparrama por todo el entramado judicial. Cabe concluir que, aparentemente, no todo está dicho o falta alguien por hablar.
