Bogotá.- Unos mil 200 representantes de sectores políticos y sociales concluirán hoy en esta capital una jornada de discusiones desdicadas a elaborar propuestas de solución a la problemática de los cultivos ilícitos.
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Esas propuestas serán enviadas al Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP).
La cita, organizada a pedido de la mesa de conversaciones entre las partes, abrió un espacio al debate amplio y plural desde la sociedad civil a este flagelo, que ha castigado fuertemente a los colombianos desde hace varias décadas.
Los delegados trabajaron a puertas cerradas la víspera en 21 grupos repartidos en tres grandes mesas para presentar hoy un documento final con las propuestas que harán llegar a La Habana, sede permanente de los diálogos de paz desde noviembre del pasado año.
Durante dos días emergieron planteamiento de diversos sectores sociales como la de crear programas de sustitución gradual de cultivos de uso ilícito, única alternativa que les quedó a los campesinos para sobrevivir frente al abandono total del Estado, como ellos mismos han afirmado.
La producción, el consumo, la comercialización y el tráfico de drogas fueron varios de los ejes del foro, que contó con invitados como el catalán Josep Rovira, experto en reducción de daños relacionados con heroína y el representante de la Oficina de ONU contra la Droga y el Delito para Brasil y el Cono Sur, Rafael Franzini.
Hay que parar con las fumigaciones aérea de cultivos ilícitos en Colombia, expresó en una intervención el analista de seguridad de la Oficina de Washington para América Latina (WOLA) Adam Isacson, quien recordó que entre 1996 y 2012 se fumigaron en el país 1,64 millones de hectáreas.
La comunidad indígena también estuvo presente para expresar su posición frente a este tema y reafirmar el carácter sagrado de la hoja de coca para esos pueblos, como afirmó a Prensa Latina el Consejero Mayor de la Organización Nacional Indígena, Luis Arias.
Los campesinos, por su parte, abogaron por replantear las políticas antidrogas, por una reforma agraria integral que democratice la propiedad de la tierra y programas de financiación a través de un fondo nacional, entre otras cosas.
El foro tendrá su segunda y última fase del 1 al 3 de octubre en el sureño departamento del Guaviare con representantes de organizaciones campesinas, empresariales, indígenas y afrodescendientes de las regiones más afectadas por la producción, el consumo y el tráfico de drogas.
El primero foro convocado por el Gobierno y la guerrilla se desarrolló un mes después de la instalación del proceso de paz y abordó el desarrollo agrario integral. En abril se realizó otro sobre la participación política, el segundo punto de la agenda, y contó con mil 600 personas que esbozaron más de 400 propuestas.
