La Procuraduría General de la República (PGR), rindió este viernes un informe a los representantes de Amnistía Internacional (AI), así como a los familiares del desaparecido miembro de los derechos humanos, Juan Almonte, durante la Jefatura de la Policía Nacional, que encabezó el mayor general Rafael Guillermo Guzmán Fermín.
El encuentro, encabezado en la primera etapa por el procurador de la República Francisco Domínguez Brito; el procurador general adjunto Rodolfo Piñeira, y el procurador encargado de la investigación, Bolívar Sánchez, así como la procuradora titular de los Derechos Humanos, Danilsa Cruz, hablaron con la familia y representantes de Amnistía Internacional sobre el proceso investigativo.
Según Piñeria, al hablar con los miembros de la prensa, expresó que no se pueden ofrecer detalles sobre las indagaciones, tras asegurar que todas las personas involucradas serán investigadas.
Al ser cuestionado sobre las posibilidades de que el caso sea conocido en un tribunal internacional, señaló que la PGR está trabajando para que el tema en cuestión no vaya a cortes extranjeras, sino que sea resuelto aquí.
En tanto que el representante de Amnistía, Robin Guitrard, expresó que son cuatro años de sufrimiento que lleva la familia esperado respuestas, pero confían en que pronto los culpables serán puestos a disposición de la justicia.
Asimismo, adelantó que la última opción de Amnistía y los familiares sería llevar el hecho a cortes internacionales.
De igual forma, señaló que esa organización da seguimiento a la Reforma Policial y destacó que tiene la esperanza que en ese proceso se eliminen situaciones como el caso de Juan Almonte y de otros.
Al ser cuestionado sobre la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional con respecto a los derechos de inmigrantes que solicitan la ciudadanía dominicana, manifestó que no pueden hablar en torno a esa decisión tan importante, debido a que debe ser analizada; pero, que dicho dictamen va a repercutir en miles de seres humanos que en este momento no tienen documento, ni pueden asistir a las escuelas, ni realizar actividades jurídicas.
