Reacciones a favor y en contra, así como otros llamados a reconsiderar el fallo, han tenido lugar en estos días, desde que el Tribunal Constitucional (TC), emitió el pasado 23 de septiembre la Sentencia 168-13, en la cual niega la nacionalidad a los hijos de extranjeros indocumentados nacidos en la República Dominicana.
Dicha decisión fue asumida a partir de un recurso de revisión de amparo interpuesto por Juliana Deguis Pierre contra la Junta Central Electoral (JCE), por un dictamen de la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Monte Plata, que le negó el otorgamiento de la cédula de identidad y electoral.
De inmediato, la Oficina del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), para los Derechos Humanos condenó la sentencia:»Esta decisión privará a decenas de miles de personas de una nacionalidad, lo que tendrá un impacto muy negativo en el resto de sus derechos fundamentales», advirtió en Ginebra la portavoz de esa oficina, Ravina Shamdasani, quien agregó: «La decisión tendrá implicaciones desastrosas contra los descendientes de haitianos, que navegarán en un limbo constitucional».
Según dicha institución, “decenas de miles de personas, que abarcan tres generaciones, podrían convertirse en apátridas, sin acceso a servicios básicos que requieren un documento nacional de identidad”.
Junta Central Electoral
Este miércoles 2 de octubre, la JCE ordenó restituir el acta de nacimiento a Juliana Deguis Pierre, a quien el Tribunal Constitucional no había beneficiado con la nacionalidad dominicana por ser hija de braceros haitianos indocumentados.
La Junta también acogió la parte del dictamen que instruía transferir a libros-registros las inscripciones irregulares de extranjeros efectuadas entre 1929 y 2007 año en que el organismo de elecciones puso en vigencia el Libro Registro del Nacimiento de Niños de Madres Extranjeras No Residentes en la República Dominicana mediante Resolución.
Como “una salida institucional en la que, en algún momento, todos los Poderes del Estado han fijado una posición similar”, calificó el presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Roberto Rosario Márquez, el veredicto y pidió a los organismos internacionales en el país “ser veedores o vigilantes del proceso…”.
Centro Bonó y otras opiniones
Para el Centro Bonó el fallo del TC significa una aberración; en tanto que Trajano Vidal Potentini alertó sobre la posibilidad de que el tema vaya a cortes internacionales.
Por su parte, el director de Migración, José Ricardo Taveras, considera que la disposición permitirá aclarar las dudas que existen en torno a la nacionalidad dominicana.
El vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia, Servio Tulio Castaños Guzmán, al intervenir en el programa radial Acción Matinal, expresó su desacuerdo con la posición de sectores que alegan que la medida del Tribunal Constitucional acerca de que los nacidos en territorio nacional de padres extranjeros indocumentados no tienen la nacionalidad dominicana, esté motivada por el racismo.
Castaños Guzmán reconoció el carácter controversial de la decisión del alto tribunal, y ponderó en ese orden el voto disidente de la jueza Katia Miguelina Jiménez.
Eddy Olivares, juez titular de la Junta Central Electoral (JCE), entiende que el Tribunal Constitucional se ha excedido en sus atribuciones al transformar «un asunto de registro civil en migratorio, convirtiendo a los afectados en chivos expiatorios de un problema del que no deben ser parte».
El dirigente perredeísta y excanciller de la República, Hugo Tolentino Dipp, aseguró este jueves que no era competencia del Tribunal Constitucional establecer que no son dominicanos los hijos de extranjeros ilegales o de tránsito en el territorio nacional.
“En sus primeras audiencias, el Tribunal Constitucional dio a entender que no era competente para resolver ese problema, sino que le correspondía al Tribunal Contencioso Administrativo», dijo Tolentino Dipp, e insistió en que a la instancia, presidida por Milton Ray Guevara, no le correspondía decidir ante ese recurso de amparo, sino declararse incompetente, a fin de garantizar el proceso de economía procesal.
Vincho Castillo
Con relación al tema, el presidente de la Comisión de Ética, Marino Vinicio Castillo, fundamentó que la República Dominicana es una nación soberana, por lo que apuntó que la Organización de las Naciones Unidas (ONU), no puede trazar pautas respecto a quienes merecen o no la nacionalidad dominicana.
“Bueno, para nosotros los planteamientos de la ONU no valen nada. Somos un país soberano y la ONU no nos puede condicionar, porque existe un Estado de Derecho y un Gobierno funcional”, concluyó.
Hipólito Mejía
El expresidente Hipólito Mejía al referirse al particular afirmó que “como país, debemos actuar de acuerdo con nuestra Constitución y al mismo tiempo en consonancia con las normas internacionales que regulan el tema de la migración.
“La sentencia del TC (…) tiene implicaciones legales, políticas y sociales que afectan a la amplia y diversa población de inmigrantes de diferentes nacionalidades, que viven en nuestro territorio”, acotó el exgobernante, a la vez que reflexionó que “… las migraciones deben abordarse como un elemento que promueva el desarrollo, en lugar de verse como un fenómeno que contribuye al retroceso de los pueblos”.
Recordó finalmente que cientos de miles de dominicanos y dominicanas han decidido emigrar en busca de un mejor destino, así como ciudadanos de otras partes del mundo han llegado a nuestro país en busca de hacer realidad sus sueños.
Participación Ciudadana
La coordinadora de PC, Rosalía Sosa, explicó que el Estado tiene el derecho soberano a instaurar reglas para el otorgamiento de la nacionalidad; sin embargo, una vez establecidas todos los Estados deben aplicarlas sin discriminación.
Añadió que debido a esa situación PC hace un llamado al TC a reconsiderar su posición y acogerse a lo que establece la Constitución del 2010, en su artículo 18 numeral 2, en el cual indica que son dominicanos “quienes gocen de la nacionalidad dominicana antes de la entrada en vigencia de esta Constitución”.
En otros países…
Dominicanos residentes en Puerto Rico protestaron en San Juan concentrados frente a las oficinas del consulado en ese país, a fin de mostrar su rechazo a la voluntad del TC, la cual catalogaron de “injusta y en contra de los derechos humanos”.
El Comité de los Derechos Humanos sección de Puerto Rico, denunció que en vez de resolver un problema migratorio, provocan violación de los derechos humanos.
Posición Haití
El canciller haitiano, Pierre-Richard Casimir, sostuvo un encuentro con el embajador dominicano en Haití, Rubén Silié, diálogo sobre el cual una agencia local (haitiana HPN) informó que la reunión tuvo como punto central el fallo del Tribunal Constitucional, que afecta a unos 250.000 nacidos en República Dominicana de ascendencia haitiana y a alrededor de 35.000 hijos de padres de diferentes nacionalidades.
Anteriormente, el embajador haitiano en la República Dominicana, Fritz Cineas, fue llamado a su país. El consultor jurídico del Poder Ejecutivo dominicano, César Pina Toribio, informó que fue para dar explicaciones oportunas en relación con el fallo constitucional.
“Que yo sepa no ha habido retiro, la información de que disponemos es que ha sido un llamado a consulta… Se trata de una cuestión normal en los procedimientos diplomáticos”, aseveró Pina Toribio quien interpretó la decisión del TC como “sumamente legítima”, y expuso que “ahora a los dominicanos les corresponde acatar la medida”.
Organizaciones rechazan
Un conjunto de 14 organizaciones no gubernamentales rechazaron la sentencia, argumentaron que viola al menos quince artículos de la Constitución y apela a criterios raciales para despojar de la nacionalidad dominicana a miles de hijos de extranjeros.
De acuerdo a las ONG ese veredicto torna la situación más difícil, pues desafía las decisiones de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) y traspasa el concepto de la transitoriedad de los padres a los hijos, algo que no es transferible, por lo que hicieron un llamado al Poder Ejecutivo y al Congreso Nacional para buscar una solución justa, o de lo contrario, se movilizarán y recurrirán a tribunales internacionales a fin de buscar una salida a esta situación.
