La Colectiva Mujer y Salud y la Red Mundial de Mujeres por los Derechos Reproductivos (RMMDR), expresaron su gran preocupación por las consecuencias negativas que conllevaría la aplicación de la Sentencia TC/168/13, dictada por el Tribunal Constitucional de la República Dominicana en contra de la población dominicana de ascendencia haitiana de varias generaciones, especialmente a las mujeres, adolescentes, jóvenes y niñas.
En una declaración de prensa expresan que esta sentencia constituye una violación al Estado de Derecho, a la Constitución y a los tratados internacionales de derechos humanos firmados y ratificados por la República Dominicana, en tanto que desnacionaliza a personas dominicanas de ascendencia haitiana, anulando derechos adquiridos previamente.
“Además, este acto del Tribunal Constitucional es muestra de la máxima expresión de una política sistemática del Estado dominicano de carácter racista, xenófoba y discriminatoria en contra de la población dominicana de ascendencia haitiana de varias generaciones. Se trata de un discurso que invita al odio racial y a la limpieza étnica, por lo que podría constituir un acto de lesa humanidad, de conformidad con el Estatuto de Roma firmado y ratificado por el Estado el 12 Mayo 2005″, indican las organizaciones feministas.
Agregan que uno de los efectos violatorios de derechos humanos de este acto es que deja a miles de personas dominicanas en un limbo jurídico, que podría conducirlas a una situación de apátridas. En el caso de las mujeres, la situación se agravaría por los efectos que tendría en sus vidas por el hecho de ser mujeres.
“En primer lugar, al ser despojadas de su nacionalidad, las deja en un estado de indefensión frente a todos sus derechos, lo que las colocaría en una situación de mayor vulnerabilidad para ser víctimas de violencia basada en género y todo tipo de abuso y violencia sexual. Asimismo se vería limitado el ejercicio de su derecho al acceso a la justicia al verse impedidas de denunciar a las autoridades por temor que esta situación se revierta en contra ellas”, precisan la Colectiva y la Red.
Por otro lado, entienden que se afectaría el ejercicio de sus derechos reproductivos. Lo que podría impactar por ejemplo en la mortalidad y morbilidad materna, ya que esta medida podría amedrentarlas de acudir a los servicios de salud para la atención del embarazo, parto y el puerperio por temor a ser deportadas o a la inscripción de sus hijos e hijas en el registro de extranjería. Igualmente se podrían sentir limitadas de acudir a otros servicios de salud sexual y reproductiva, tal como servicios de métodos anticonceptivos, con el riesgo de incremento de embarazos no deseados.
Otro aspecto de relevancia, es el impacto de esta decisión en la salud emocional de las mujeres y de sus familias, al vivir en un estado de incertidumbre constante sobre lo que les va a pasar, y ante el miedo de ser deportadas, y de que sus familias sean desintegradas. Además de arrebatarles su sentido de pertenencia, de identidad y de arraigo. Esta situación por sí misma constituye una violación a su derecho de integridad personal.
Refieren por último el efecto de esta decisión en los niños y niñas dominicanas, quienes verían limitados sus derechos esenciales a la educación, a la salud, a su proyecto de vida, entre otros.
Por todo lo anterior, rechazan la aberrante decisión y esta política de Estado y llamaron a la ciudadanía y a la comunidad internacional a demandar la restitución de sus derechos y dejar sin efecto esta decisión.
Finalmente, exhortaron al movimiento feminista y de mujeres- nacional e internacional- a solidarizarse con las dominicanas a quienes hoy les han sido arrebatados sus derechos fundamentales, para que se unan a esta lucha hasta que les sean restituidos sus derechos y a denunciar esta situación a través de sus redes y organizaciones.
