El problema de la presencia haitiana indocumentada o ilegal en la República Dominicana no difiere mucho del problema de más de12 millones de indocumentados en los Estados Unidos.
La diferencia está en estos momentos sobre el tapete. En los Estados Unidos decenas de miles de indocumentados se lanzan a las calles de Washington a demandar del Congreso norteamericano la aprobación de la Ley de Reforma Inmigratoria. En la República Dominicana hay otros tantos cientos de hijos de haitianos o haitianos que han intentado hacer lo mismo.
El Tribunal Constitucional de la República le respondió emitiendo una sentencia que declara quienes pueden optar o tener la ciudadanía dominicana. Y esto ha provocado un escándalo mayúsculo más en los medios que en la realidad.
Porque la realidad tiene varias versiones sobre la reacción a la evacuación de esa sentencia y son los debates de pasillos en oficinas y medios que no conducen a ninguna parte. Crean enojos y enfrentamientos entre los dominicanos que están a favor o en contra de la misma y por supuesto el desordenado estado haitiano aprovecha los mecanismos diplomáticos de los que dispone y de las entidades mundiales o regionales que solo sirven para fastidiar para victimizarse o culpar a las “indolentes” autoridades dominicanas de un problema que ellos a través del tiempo han contribuido a crear y agravar.
Hay otros lejanos culpables. Ellos son los de siempre: Estados Unidos de América, Francia y Canadá. Si ellos quisieran pudieran aliviar el problema haitiano. Son países inmensos, sobre todo los de este continente. Tienen los recursos para eso, pero no quieren pobres ni mal educados y esos son la mayoría de los inmigrantes haitianos. Son un problema y no los quieren. Ah la solución- para ellos- esta a la vista y a pocos kilómetros de Puerto Príncipe: la República Dominicana.
Si la cosa es así entonces está bien lo de la ley, pese a sus defectos. Corrijámosla en la práctica. Apliquémosla con justicia y respeto a los derechos humanos universales.
El estado dominicano no cuenta con suficientes recursos, pero tiene los mecanismos y ahora un clima social que puede ayudarle a contar con la ayuda de los dominicanos, ya que no con los franceses, canadienses y norteamericanos, para llevar a cabo un censo de todos los haitianos. Contémoslos e identifiquemos a los que tengan sus documentos en regla o los que por tener tiempo suficiente e hijos nacidos en República Dominicana pueden optar por la legalidad o la ciudadanía dominicana.
Demos a cada provincia y sus gobernadores el suficiente poder reglamentado, dotaciones policiales o militares suficientes para ubicar e identificar y deportar a los que así lo ameriten a todo extranjero, no solo ciudadanos haitianos indocumentados.
De igual forma sancionemos ejemplarmente a toda empresa, terrateniente o hacendado que emplee a indocumentados haitianos.
Lo que sucede actualmente en los Estados Unidos con los indocumentados nos puede servir de ejemplo. Veamos la autonomía y eficacia que un icónico estado como el de California hace con sus millones de indocumentados sin que eso provoque una crisis como la dominicana y que incluso todo lo contrario, resulte aplaudida la medida anunciada por el gobernador de ese estado Jerry Brown.
