Hay muchas razones para estar de acuerdo con la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados al aprobar los impuestos a los alimentos chatarra de alto contenido de carbohidratos y a los refrescos que contienen edulcorantes en exagerada proporción.
La relación de dichos artículos con daños a la salud está acreditada. De acuerdo con la OCDE, México es el segundo país con más adultos con obesidad, y el primero en sobrepeso infantil. El consumo individual de refrescos es el más alto del mundo, con 163 litros al año.
Cualquiera lo observa, la gente no deja de estar comiendo obsesivamente a toda hora y en todo lugar, en las calles, tiendas, microbuses y metro; las entradas de cines donde el negocio está principalmente en la chatarra que se sigue comiendo dentro de la sala.
En todas las edades nuestro país está en los primeros rangos internacionales de peso excedido. Siete de cada diez individuos mayores de 20 años lo están. Nueve por ciento de la población mexicana padece diabetes, la principal causa de muerte en el país.
Abundan los estudios nacionales e internacionales que señalan cómo los pasteles, golosinas y dulces, consumidos en exceso provocan desórdenes difíciles de corregir.
El caso de la niñez es el más preocupante, lo que ha llevado a la Secretaría de Salud a restringir la venta de pastelitos y golosinas en las escuelas. La actual titular ha reiterado lo conveniente de un impuesto a su venta. No vale decir, como lo declarara uno de los directivos de la panificadora más grande del mundo, que la obesidad es culpa de los propios niños, que no aprenden a controlar los malos hábitos alimenticios que sus padres les enseñan. A la empresa no toca vigilar el sano destino de sus pasteles.
La comida chatarra es tan adictiva como las drogas, dice la revista The New Scientist, añadiendo que su alto contenido de azúcar, grasas y sal desatan efectos similares a los de la cocaína. La Universidad Scripps descubrió que una dieta persistente de comida chatarra desencadena iguales cambios en el cerebro que los causados por la adicción a la drogas.
En cuanto a los refrescos azucarados, las estadísticas internacionales hablan. En México el azúcar nacional es sustituido con fructuosa, jarabe de maíz, importada. La fructosa es, de acuerdo con los estudios arriba mencionados, el elemento potencialmente más dañino a la salud.
Bien conscientes de todo lo anterior, las grandes refresqueras despliegan costosas campañas y cabildeos oponiéndose a las iniciativas fiscales en proceso. Coca Cola y Pepsi buscan salidas, alegando que los refrescos formarían parte de una dieta balanceada y sana si se combinaran con un régimen de ejercicio físico. Las empresas “socialmente responsables” demuestran que les es más importante vender masivamente que cuidar la salud de los mexicanos. Esto es tarea del gobierno.
Un factor del crecimiento exponencial de la producción de las bebidas es su materia prima, que toman de los acuíferos de cada lugar a un mínimo costo, pero que, ya procesada, se vende a múltiplos del precio básico, lo que hace del negocio, ampliado a la ancha gama de aguas embotelladas, uno de los más lucrativos del mundo.
Es un hecho que las golosinas chatarra y los refrescos embotellados sean un ingreso importante para las miles de misceláneas que existen en el país y que representen 28% de la venta de refresco. Con lo inelástico de su demanda los nuevos impuestos se evitarán si los fabricantes modifican sus productos para no perder ese lucrativo canal.
Todo lo anterior nos lleva a confirmar el acierto de nuestros diputados en aprobar esta semana los impuestos a alimentos y refrescos dañinos, con el fin de frenar el uso inmoderado en que ha caído México.
Los nuevos impuestos vienen, además, en buen momento: es urgente dotar al gobierno de recursos. En efecto, 5% a los alimentos chatarra puede representar ingresos nuevos del orden de 20 mil millones de pesos.
Se cumplen varios propósitos. No sólo hay que proclamar el derecho a la alimentación sino asegurar que sea saludable.
*Consultor
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