Los temas migratorios no son solo un problema para República Dominicana, sino para el mundo entero y así lo ha interiorizado el presidente Danilo Medina, que encabezó este miércoles la reunión del Consejo Nacional de Migración, donde esencialmente estudiaron la sentencia 168-13, del Tribunal Constitucional (TC), en la cual se plasma que no son dominicanos los hijos de extranjeros ilegales nacidos en este territorio a partir del año 1929.
El Consejo Nacional de Migración acordó elaborar en un plazo de no más de 60 días, el Plan Nacional de Regulación de Extranjeros y para ello instruyó a la conformación inmediata del Instituto Nacional de Migración y la designación de su director ejecutivo.
Además, dio 30 días a la Junta Central Electoral (JCE), a los fines de rendir un informe que dé cuentas del impacto de la sentencia del Tribunal Constitucional, con relación a los foráneos inscritos en el sistema registral, legal o ilegalmente.
La declaración oficial del Gobierno reitera su compromiso con el respeto a la Constitución y a las leyes, así como a la independencia de los poderes públicos y órganos judiciales, aunque muchos consideran que lo que realmente se debe respetar son los derechos de miles de dominicanos de ascendencia haitiana que están pasando por momentos muy difíciles luego del dictamen del Constitucional.
Sin duda alguna, el Estado debe sensibilizarse ante el escenario de aquellas personas que se consideran dominicanas y que sienten afectados sus derechos como consecuencia de la referida sentencia. Ante estas circunstancias, el Gobierno en su conjunto, está obligado a trabajar para encontrar una respuesta coherente y humana a la situación. Al menos eso es lo que se espera.
La migración y otros olores…
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