En 2005, las niñas Dilcia Yean y Violeta Bosico, nacidas en República Dominicana de padres haitianos, dieron la pelea en los tribunales internacionales por el reconocimiento de su nacionalidad y dicha sentencia fue acatada a plenitud por autoridades de este país caribeño.
El Gobierno dominicano está haciendo todos los esfuerzos por regular los extranjeros que residen en la nación y si determina que los hijos de inmigrantes nacidos aquí, como es el caso de Juliana Deguis, tienen el derecho de obtener la nacionalidad, que no haya dudas, que así será.
El compromiso del Consejo Nacional de Migración, que se reunió este miércoles en el Palacio Nacional, es elaborar en un plazo de no más de 60 días el Plan Nacional de Regulación de Extranjeros, la conformación inmediata del Instituto Nacional de Migración y la designación de su director ejecutivo.
La Junta Central Electoral (JCE), tiene 30 días para dar cuentas del impacto de la sentencia del Tribunal Constitucional, con relación a los extranjeros inscritos en el sistema registral, tanto en su condición de regulares como irregulares.
Aunque es normal que muchas personas estén escépticas, pues entienden que ese plan sólo se enfocará en regular a los ciudadanos haitianos que residen en el país y se olvidarán de los chinos, cubanos, colombianos, venezolanos y españoles, que hacen y deshacen en el país, sin que nadie diga nada.
En una declaración oficial, leída por Roberto Rodríguez Marchena, al término de la sesión del Consejo Nacional de Migración que encabezó el presidente Danilo Medina, el Gobierno reiteró su compromiso con el respeto a la Constitución y a las leyes, así como a la independencia de los poderes públicos y órganos constitucionales.
“El Gobierno Dominicano reitera su compromiso con el respecto a la Constitución las leyes y los poderes público y órganos constitucionales y en consecuencia acata la sentencia y actúa en todo momento sobre este caso respetando la institucionalidad”, sostuvo.
De acuerdo al documento oficial, el Estado es sensible ante la situación de aquellas personas, que se consideran dominicas, y que sienten afectado sus derechos como consecuencia de la referida sentencia y ante estas circunstancias, el Gobierno en su conjunto está trabajando para encontrar una respuesta coherente y humana.
El encuentro inició a las 9:15 am con la asistencia de los ministros de la Presidencia, Gustavo Montalvo; Defensa, almirante Sigfrido Pared Pérez; Trabajo, Maritza Hernández; Turismo, Francisco Javier García; Salud Pública, Freddy Hidalgo; Agricultura, Luis Ramón Rodríguez y el viceministro de Relaciones Exteriores, José Manuel Trullols.
También, el Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, César Pina Toribio y los presidentes de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario, y de la comisión de Interior y Policía de la Cámara de Diputados, Elpidio Báez.
El Consejo trató sobre el Reglamento del Consejo, la designación del director del Instituto Nacional de Migración, la reunión de la Comisión Técnica, el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros y el presupuesto del Consejo.
Defensa gubernamental
El Gobierno aseguró que el nombre de la República Dominicana quedará “limpio de toda desconsideración” motivada en la sentencia 168-13, del Tribunal Constitucional (TC), porque las autoridades tienen las herramientas para demostrar que actuaron dentro de las actividades privativas del Estado dominicano.
Pina Toribio dijo que el presidente Danilo Medina no se precipita; pero, que tampoco se cruza de brazos frente a las presiones locales e internacionales a raíz del fallo sobre derecho de nacionalidad que afecta, principalmente, a los descendientes de inmigrantes haitianos.
Con sus afirmaciones, el funcionario responde a los emplazamientos que han hecho varios sectores para que el Estado asuma una postura de defensa de la soberanía nacional, ante lo que han considerado como una ofensiva internacional por los criterios establecidos en la decisión del Tribunal respecto a la nacionalidad dominicana.
El consultor Jurídico del Ejecutivo expresó que los encargados de la política exterior son los responsables de responder a los organismos que han estado expresando sus opiniones en torno a la sentencia, como la Comunidad del Caribe (Caricom), y Amnistía Internacional.
Miguel Vargas y Ralph Gonsalves
El presidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Miguel Vargas, exhortó al mandatario Danilo Medina a actuar “con prontitud y eficacia”, frente una campaña internacional negativa contra el país que podría ocasionar serios daños al pueblo dominicano; mientras que el primer ministro de San Vicente y Granadinas, Ralph Gonsalves, afirmó que la decisión del Tribunal Constitucional es “una afrenta a las normas internacionales establecidas y a la humanidad elemental”.
Vargas explicó que si bien esa campaña es motivada en la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la situación de los haitianos que viven en el país, los efectos de las denuncias podrían hacer daño en aspectos como el turismo y las inversiones.
En tanto que Gonsalves expresa al presidente Medina, mediante una carta que “su República es un miembro vital del Cariforum, y está en la búsqueda de su membresía en el Caricom, al que pertenece Haití. El impacto adverso real, y no potencial, sobre estas y otras relaciones con varios estados regionales y otros es evidente”.
Política y más…
Otros opinan que aparte de que alienta el odio de los dominicanos contra ellos mismos, detrás de la sentencia del Tribunal Constitucional, que despoja a miles de personas del derecho de nacionalidad, “se esconde el propósito de sacar del padrón electoral a cerca de 400,000 electores para que no puedan ejercer su derecho al voto en las elecciones de 2016”.
Afirman que de esta manera, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), y sectores aliados estarían “trastocando” por adelantado lo que serían los resultados de los próximos.
Ese planteamiento está contenido en un documento de cuatro páginas puesto a circular por el movimiento Ciudadanos y Ciudadanas por la Democracia y firmado por las organizaciones que integran la Convergencia por un Mejor País, entre ellas, el Frente Amplio; las corrientes del PRD representadas por Hipólito Mejía, Luis Abinader y el Foro Renovador; el Movimiento Rebelde, La Multitud y la Red Acción Política (RAP).
El País
El periódico EL PAÍS de España ha mantenido una campaña contra la sentencia del Tribunal Constitucional, publicando artículos muy críticos contra esta nación, a punto de decir que más de medio millón de dominicanos de ascendencia haitiana se quedarán sin documentos.
También fue quien recordó que en 2005, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado dominicano por la violación de su derecho al nombre, a la nacionalidad y a la igualdad ante la ley, al negarse a emitir actas de nacimientos a las niñas Dilcia Yean y Violeta Bosico.
República Dominicana acató el fallo; pero, en septiembre de 2013, el Tribunal Constitucional dominicano emitió una nueva sentencia, en la que niega este mismo derecho a los hijos de inmigrantes haitianos en situación irregular, nacidos desde 1929.
El dictamen divide a la opinión pública y renueva el viejo debate acerca de cómo solucionar los problemas migratorios que han enfrentado a las dos mitades de la isla de La Española, Haití y República Dominicana, durante el último siglo; pero, ya existe una garantía de que eso se solucionará con las medidas a adoptar por el gobierno, mediante el Consejo Nacional de Migración. Eso es lo que se quiere.
