La sentencia evacuada por el Tribunal Constitucional No. TC/0168/13, ha causado un revuelo tanto a nivel nacional como internacional, poniendo de manifiesto las reales intenciones de sectores reaccionarios y enemigos de la patria, que al igual que Pedro Santana y otros traidores de nuestra historia republicana, conspiran junto a otras naciones para mancillar nuestra soberanía escudándose en denuncias de violación a los derechos humanos.
No podemos dejar de incluir además el vacio diplomático y el poco interés que ha mostrado la Cancillería General de la república, a través de su canciller Carlos Morales Troncoso, en articular un plan de defensa a la soberanía nacional, ante organismos internacionales, muy pobre han sido nuestros argumentos explicando más allá de nuestras fronteras, que dicha sentencia adquirió la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, al ser un fallo emitido por el máximo tribunal de la República Dominicana.
Si bien es cierto que los haitianos han vivido en condiciones de extrema pobreza no solo en su natal Haití, sino también de este lado de la isla, específicamente en los bateyes del Central Romana y de la Familia Vicini, no menos cierto es que también en nuestro país existe una gran cantidad de dominicanos que viven en condiciones similares de pobreza en su propia tierra. Hablar de apartheid y guetos es querer sobredimensionar el problema y darle al mismo un toque de sensacionalismo mediático.
Para nadie es un secreto como organizaciones nacionales y extranjeras que se dicen defensoras de las libertades y los derechos humanos, han estado conspirando contra la República Dominicana, no solo por el caso haitiano sino, por la posición de privilegio de la cual goza el país en el sector turismo, el cual actualmente es una de las fuentes principales de ingresos para nuestro nación.
Los dominicanos no somos indiferente ante la migración ilegal haitiana, que cruza la frontera de manera legal e ilegal. Ilegal todos aquellos haitianos que cruzan la frontera a pie ó a través del pago de sobornos a autoridades tanto civiles como militares, otros de manera legal, los que vienen con acuerdos de trabajos, transportados tanto por el sector público como el sector privado, muchos de los cuales después de terminar sus contratos son abandonados en territorio dominicano de manera irresponsable.
Los organismos internacionales que apadrinan y alimentan las Organizaciones No Gubernamentales (Ongs), si bien realizan un trabajo social valioso, no podemos engañarnos, debido a que muchas de estas “organizaciones sin fines de lucro” responden a intereses extranjeros, además de que son un instrumento de enriquecimiento, contrario a su origen y razón de ser, que no es más que la de ayudar. El ejemplo más reciente lo tiene el propio país haitiano, el cual recibió la solidaridad de cientos de personas alrededor del mundo que realizaron millones de donaciones, luego de que ese país se viera afectado por un descomunal terremoto que le quito la vida a millones de nacionales haitianos. En ese entonces los dominicanos se volcaron de manera solidaria a ayudar a la nación hermana demostrando su amor hacia el país vecino.
Los grupos étnicos que odian a la República Dominicana han estado atizando, manipulando y alimentando el odio y la segregación racial entre dos pueblos que son hermanos. Las autoridades haitianas y las dominicanas no se han dado cuenta que solo son fichas de un juego de ajedrez político global que busca crear conflictos en Latinoamérica, que dividan y debiliten a sus miembros para de esta manera debilitar la integración Latinoamérica.
Entendemos que el gobierno dominicano primero debe ser respetuoso del marco jurídico establecido en nuestro país, respetando la independencia de poderes. Luego debe hacer un censo nacional, el cual identifique exactamente cuál es la población real de haitianos y de otras nacionalidades que residen actualmente de manera legal e ilegal en la República Dominicana, determinando además, cuántos de estos se dedican a labores productivas, cuantos delinquen y cuantos simplemente se dedican a mendigar por las calles. Luego de tenerlos identificados, clasificarlos y todos aquellos que apliquen, proveerlos de una identificación especial que les permite insertarse en la vida productiva del país, el resto simplemente debe ser deportado a su país de origen.
Además debe implementar nuevos controles en la frontera, aumentar las sanciones a los funcionarios consulares, civiles y militares, tipificar el tráfico de ilegales como traición a la patria y recomendar cadena perpetúa sin apelación para estos casos. Modificar la ley que rige las ONG’s delimitando sus funciones y campo de acción, además de monitorear todas sus transacciones financieras, restringir el alcance y uso de los fondos de la misma cuando tengan carácter de conspiración contra la patria.
Por último, la oposición al gobierno debería dejar de hacer política con un tema tan delicado para la República Dominicana. Estamos en tiempos difíciles, la unidad de todos los dominicanos debe ser lo más importante; todos deberíamos aunar esfuerzos para buscarle una solución amistosa, viable y definitiva que beneficie a los miles de ilegales haitianos y de otras nacionalidades que viven ilegalmente en la República Dominicana, siempre tomando en cuanto que primero está la Nacionalidad Dominicana.
Autor: Ing. Llury Roberto Morales
Ingeniero en Sistemas. Actualmente Estudiante de Derecho y Ciencias Políticas UASD.
Secretario de Organización del Movimiento Estudiantil JUPANA (UASD)
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