La directora ejecutiva de Participación Ciudadana (PC), Rosalía Sosa, saludó este martes que Estados Unidos esté llevando la investigación de las irregularidades en la compra de los ocho aviones Súper Tucanos obtenidos por el Estado Dominicano de Brasil, y observó que ya esa entidad había hecho la denuncia a raíz de la adquisición de dichos aviones, en cuyo momento solicitó una investigación.
Dijo que habían llamado la atención sobre la sobrevaluación de los aviones Súper Tucanos y lamentó que para ese entonces el Ministerio Público no investigara su denuncia.
Sosa señaló que ahora hay una luz relacionada a la denuncia interna entre Brasil y Estado Unidos, que está haciendo la investigación, en cuyo sentido espera que la justicia cumpla con su papel. Lamentó que el Ministerio Público no le pusiera la atención que ameritaba la acusación en su momento.
El tema sobre las irregularidades en la compra de los Súper Tucanos salió nuevamente a la luz pública luego que la agencia Reuters publicara que las autoridades de Estados Unidos y de Brasil están investigando si Embraer S.A. sobornó a funcionarios de Argentina y de República Dominicana a cambio de contratos para vender aviones comerciales y de defensa.
En una información publicada para Sao Paulo y Washington, la agencia de noticias Reuters establece que las investigaciones involucran la venta de 20 aviones de pasajeros a la aerolínea estatal argentina, con un valor de unos 900 millones de dólares, según los precios de venta de Embraer, y un acuerdo por 92 millones de dólares con las Fuerzas Armadas de República Dominicana por ocho aviones ligeros de ataque Súper Tucanos.
Este lunes el procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, ordenó investigar la revelación sobre un presunto pago de soborno a las autoridades dominicanas para el contrato de compra.
El jefe del Ministerio Público apoderó de la investigación a la directora de la Procuraduría Especializada contra la Corrupción, Laura Guerrero, a fin de determinar si hubo soborno en la compra de los aviones, adquiridos con un préstamo de 93,7 millones de dólares, aprobado por el Congreso Nacional.
En el caso dominicano se involucra a un oficial de las Fuerzas Armadas que, supuestamente recibió unos US$3 millones para motivar la compra de dichas aeronaves.
