Al concluir el año 2013, las iniciativas legislativas en ambas cámaras del Congreso Nacional estuvieron muy activas, en especial aquellas introducidas para las modificaciones de los códigos Procesal Penal y del Menor, así como la ley 87-01 del Sistema Nacional de Seguridad Social.
Durante el bicentenario del Padre de la Patria, Juan Pablo Duarte, el Poder Legislativo destacó en los diferentes escenarios la vida y obra del libertador de la República Dominicana, especialmente la Cámara Baja, la cual puso en circulación la Constitución Infantil, recibiendo el respaldo de todos los asambleístas, así como diferentes entidades del Estado.
También la sede parlamentaria fue escenario de amplios debates, donde decenas de organizaciones de la sociedad civil exigieron a ese poder del Estado revisar algunos contratos y modificaciones a varias leyes importantes.
Entre las demandas hechas por la sociedad civil se destaca la reforma al contrato de explotación minera acordado por el Estado dominicano, representado por el Poder Ejecutivo con la empresa de origen canadiense Barrick Gold, que finalmente fue transformado.
A la explanada frontal del primer poder del Estado llegaron durante todo este periodo diferentes gremios para exigir aumento salarial, entre ellos el sector salud, agrónomos, magisterio y hasta el Poder Judicial.
Proyectos
Al iniciar el 2013, los legisladores pusieron sobre la mesa de trabajo decenas de iniciativas como la ley que autorizó al Poder Ejecutivo, mediante el Ministerio de Hacienda, la emisión de bonos internacionales, por un monto máximo US$1,000 millones para ser colocados en los mercados internacionales con las condiciones más favorables para el país.
Asimismo, el Poder Ejecutivo facultó a gestionar, mediante el Ministerio de Hacienda, la contratación de deuda pública interna por un monto de RD$45,208,347,503.00; de igual forma, el que regula los derechos y deberes de las personas en sus relaciones con la administración pública y las normas de procedimiento que rigen la actividad administrativa.
También, la modificación a la Ley 108-10 de fomento de la actividad cinematográfica en la República Dominicana y la que crea la entidad pública denominada «Mercados Dominicanos de Abasto Agropecuario” (Mercadom).
A todo lo anterior se suma el proyecto de ley de racionalización de operaciones con el Banco de Reservas en el país y la variación por parte de los parlamentarios de la Ley 58-13, del 5 de febrero de 2013, para la colocación de bonos globales por un monto de US$500 millones.
El Defensor del Pueblo constituyó uno de los mayores retos de la legislatura que recién termina, ya que dicha institución figuró en el Presupuesto del 2013 con una asignación de RD$50 millones; pero, no fue hasta el segundo trimestre que se estableció, luego de más de una décadas de discusiones.
De igual manera, ambos hemiciclos rechazaron las observaciones del Poder Ejecutivo, enviadas durante la gestión presidencial de Leonel Fernández al proyecto de Regulación Salarial del Estado dominicano, pieza que fue aprobada con el voto unánime de los congresistas.
Los asambleístas ratificaron los proyectos que declaran el día 22 de marzo «Día Nacional del Agua»; el sistema de Emergencia de la República Dominicana 9-1-1; Orgánicas de las Fuerzas Armadas; Energía y Mina; y del Voto Preferencial.
Fue conocida La Ley de Declaración Jurada de Patrimonio, que obliga a todos los funcionarios del Estado a rendir cuenta sobre sus bienes.
Una ala del Poder Legislativo sancionó por unanimidad en dos lecturas consecutivas, el proyecto de ley, mediante el cual declara a Loma Miranda Parque Nacional en la provincia de La Vega, con el objetivo de evitar la explotación de ese recurso natural por parte de la empresa Falcondo Extra Nickel. En la actualidad, una Comisión Especial designada en el Senado estudia la pieza.
También fue aprobada la ley que prohíbe el uso de la hookah en esparcimiento público. E igual se conoció el código que disminuye de un 30% a 15% las ganancias de las Aseguradoras de Riesgos de Salud ARS.
Durante la mayoría de las sesiones los parlamentarios dieron sus votos favorables para certificar decenas de contratos de arrendamientos de terrenos, propiedad del Estado en diferentes puntos de la geografía nacional.
Sin aprobación
Entre las iniciativas más trascendentes que no fueron acogidas figuran los controvertidos proyectos de Ley de Partidos; Tránsito; Transporte; Aguas, a este último se le deducen unos 20 años de debates; la reforma a la Policía Nacional, mediante las cuales se procura tecnificar ese cuerpo de seguridad del Estado, para enfrentar la criminalidad.
La ley de Comunicaciones perimió nuevamente, así como la que establece control a las tarjetas de créditos. Tendrá que ser introducido otra vez el código procesal Civil junto al proyecto que crea la “Zona de Tolerancia o Rosa”, los que reposan en la comisión de Justicia.
Comisiones
Los representantes legislativos conformaron varias comisiones especiales bicamerales para resolver conflictos en instituciones del Estado, así como de rendición de cuentas; se destacan las creadas para solucionar los impasses entre los miembros de la Junta Central Electoral y la investigación sobre la supuesta procedencia ilícita de los bienes y patrimonio del senador por San Juan de la Maguana, Félix Bautista.
En ese ámbito laboraron comisiones en los temas de la ley de Partidos Políticos, de Energía y Minas, Consejo Económico y Social, Procedimiento Civil, Policía Nacional, Junta Central Electoral, Loma Miranda, Emisión de Bonos por Areodom y el Presupuesto General para el año 2014.
Código Procesal Pena
El 17 de diciembre, cerrando la legislatura, el Senado aprobó el proyecto de la ley orgánica de la Policía Nacional y el que modifica varios artículos del Código Procesal Penal, declarados de urgencia y sancionados en dos lecturas consecutivas.
El informe sobre la Ley Orgánica de la Policía fue acogido a unanimidad por el pleno, y presentado por el senador Julio César Valentín, presidente de la Comisión de Interior y Policía del Senado.
El objetivo de esta iniciativa es proteger la vida, la integridad física y la seguridad de las personas, garantizar el libre ejercicio de los derechos y libertades.
Además, prevenir el delito, preservar el orden público y social y el medio ambiente, velar por el cumplimiento de la ley y el desempeño de sus funciones.
Con relación al proyecto de modificación de varios de la Ley 76-02 sobre el Código Procesal Penal, se destaca la ampliación del plazo de la prisión preventiva de 12 a 36 meses.
