Entre ires y venires y diversidad de opiniones desarrolla la delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), su visita al país, interesada por conocer los alcances de la sentencia del Tribunal Constitucional (TC), cuyo contenido esencialmente versa sobre el derecho a la nacionalidad dominicana y que deja sin documentos a ilegales; o en tránsito, nacidos en territorio dominicano.
Estas personas, miembros del organismo dependiente a la Organización de Estados Americanos (OEA), afirman que “no tomarán en cuenta la campaña internacional que han hecho algunos países en contra de la sentencia del Tribunal Constitucional, para elaborar sus conclusiones…”
El país lleva a cabo su Plan nacional de Regularización de Extranjeros, establecido por el presidente Danilo Medina el pasado 29 de noviembre, mediante el Decreto 327-13, en el cual se basarán los criterios para establecer “el tiempo de radicación, el arraigo con la sociedad y las condiciones laborales y socioeconómicas de los extranjeros en territorio dominicano”.
María Isabel Rivero, vocera del CIDH reveló haber recibido “pocas denuncias” y que básicamente han recibido “muchos testimonios”.
Todavía restan días, hasta el viernes próximo, cuando “el resultado de esas indagatorias se compartirá en una conferencia de prensa”; hasta entonces hay que recordar que el Gobierno dominicano fue quien invitó a esa delegación al país, y de todos modos, reza el viejo refrán “quien no la debe, no la teme”.
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