Sentencia obliga a la unidad dominicana

LA VOZ DE LOS QUE NO LA TIENEN ||

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A raíz de la evacuación de la Sentencia No.0168/13 del Tribunal Constitucional, la cual se produjo como resultado de un recurso de revisión constitucional en materia de amparo, elevado por la señora Juliana Deguis Pierret, contra la sentencia número 473-2012, dictada por la Sala Civil, Comercial y de Trabajo del Distrito Judicial de Monte Plata, de fecha 10 de julio del año 2012, en entrevista publicada en este mismo medio aseveramos que la misma produciría inconvenientes en el ámbito internacional, dado que hace más de una década que el entonces  Presidente Constitucional de la República, el Dr. Joaquín Balaguer, ante la Asamblea Nacional había denunciado la conjura de algunos países respecto a obligarnos a asumir la problemática que aqueja al hermano país de Haití.
 
Independientemente a la necesaria e inminente regulación inmigratoria, que en dicha sentencia se ordena, especialmente aquella devenida de la masificación haitiana, que por cuestiones de vecindad casi nulo control fronterizo, se ha convertido en un problema de soberanía e identidad, la sentencia, producto de un amparo personal en procura de hacer valer el imperio del derecho constitucional del “jus solis»  produjo de manera general un cambio del estatus legal de aquellas personas, preponderantemente de padres haitianos que vinieron al país, contratados o no,  como trabajadores en el corte y tiro de la caña de azúcar y otras labores agrícolas, para lo cual se ha hecho valer el criterio ilegalidad por ser considerados como transeúntes  o en tránsito en territorio dominicano.
 
Todo esto ha producido una amplia campaña internacional de los altos estamentos de Haití, quienes, no obstante no tener en su territorio control o registro de sus nacionales, ni haberle resuelto los más elementales problemas a éstos, han enarbolado una supuesta violación de derechos fundamentales y han logrado, en su papel de victimas el apoyo de otros países, desconocedores de la realidad política y social de esa nación y la histórica relación de dos países que comparten una isla. En ese desconocimiento y falta de respeto a nuestra soberanía y sin tomar en cuenta, que hemos sido hasta este momento, los únicos que históricamente hemos colaborado con la solución de los problemas dicho país, es que aparece la reacción de órganos de integración, como es el caso del CARICOM, las Naciones Unidas, Amnistía Internacional,  algunos países del Caribe, Venezuela y los Estados Unidos de América, entre otros que de seguro se irán sumando a este corolario, sin haber colaborado ni asumido la solución de los elementales problemas de esa empobrecida nación.
 
Toda esta situación bien pudo evitarse, si el Tribunal Constitucional, se hubiera limitado a fallar el recurso de amparo de que fue apoderado y no se hubiesen extendido a otros aspectos que no constituían parte del amparo o si al menos se hubiese detenido a sopesar y discutir los argumentos legales de los votos disidentes  y  razonados  de las Juezas del Tribunal Constitucional, doctoras Isabel Bonilla Hernández y Katia Miguelina Jiménez, lo cual constituye la parte fundamental y la argumentación de quienes acusan a la República Dominicana y sus ciudadanos de racistas.
 
Nuestro país, es una de las pocas naciones descubiertas por los españoles en que no existe un solo descendiente de las razas que habitaban estos territorios al momento de la conquista, es una nación formada por inmigrantes, especialmente españoles, franceses, ingleses, libaneses y otras nacionalidades, situación que se debió tomar en consideración, toda vez que en aplicación irrestricta de la sentencia, todos debemos revisar nuestra descendencia, para ver si estuvieron de tránsito o si nos corresponde la nacionalidad dominicana.
 
Pero lo hecho,  hecho está, por lo que tal y como ha sucedido en otras oportunidades, lo que las circunstancias requieren la unión de los dominicanos, no para defender ese adefesio de sentencia, sino, para defender  nuestra soberanía, frente a todos los que pretenden imponer desde fuera una fusión anti-histórica de las dos naciones que ocupamos esta isla, porque si hay una cosa que une a los dominicanos es la intromisión foránea en nuestros asuntos internos, lo cual quedó ampliamente probado en el 1919 y 1965, y cuantas veces ha existido amenaza a nuestra independencia y territorio. Es por eso que entendemos que debemos sentarnos con las autoridades haitianas a discutir el problema del control fronterizo, primero, dejar claro nuestro derecho a nuestra soberanía y libre disposición respecto al derecho de sacar del país, con todas las garantía de ley y respeto a la dignidad humana de quienes han estado viviendo y entrando en nuestro territorio sin observar la ley. Dejando claro, que el problema de aquellos que dicen ser dominicanos, no importa su descendencia es un problema interno, en el que no pueden tener ningún tipo de injerencia, porque la solución debemos buscarla libérrimamente lo dominicanos, lo cual se logra con la determinación de quienes están realmente de conformidad con el derecho internacional se consideran en tránsito y por consiguiente sus descendencias puede beneficiarse del “jus solis”.