En México, la senadora Dolores Padierna pidió hacer un llamado al Ejecutivo federal, a fin de que informe si miembros de la Agencia Antidrogas (DEA), de Estados Unidos operan en territorio mexicano y cuáles son sus actividades.
Muchas turbaciones han surgido tras los cables difundidos por el portal digital Wikileaks, y notas que contienen datos respecto a que “el Gobierno de Estados Unidos, a través de diversas agencias, pudo haber pactado con los cárteles del narcotráfico en territorio nacional, en abierta violación a la Constitución y las leyes mexicanas”.
Las publicaciones de medios de prensa citan a presuntas fuentes oficiales y declaraciones de agentes norteamericanos, según los cuales la DEA y autoridades estadounidenses se reunieron en los últimos años con integrantes de grupos delictivos de la nación azteca.
Todo lo anterior pone turbios colores a la lucha antinarcótica que abate al mundo y, particularmente, a los países de la región. Ni hablar de República Dominicana que en un momento de su historia fue puente y hoy se multiplica, además, como país consumidor.
Para nadie es secreto el alto índice de violencia observado producto del consumo de narcóticos y sustancias sicotrópicas. En México, las noticias han reflejado una agudización de hechos que durante las administraciones de Vicente Fox (2000-2006) y Felipe Calderón (2006-2012) ascendieron indudablemente.
Padierna denunció que “la lucha contra las drogas se dirige desde Estados Unidos, y criticó que lo hecho por Calderón fue un combate selectivo: perseguir a unos grupos delictivos y proteger a otros para estabilizar el negocio del narco”.
Habría que ver cuál rumbo toman las informaciones al respecto, pero las inquietudes son, no solo de Padierna y de México, sino de todos y todas.
¿Cómo va a ser?
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