Ya sabemos que cerca del 98% de las niñas y niños dominicanos menores de cinco años (cerca de un millón), no tiene acceso a centros y programas de atención integral, y que la propuesta del Gobierno es promover la ejecución de “ambiciosos programas” para protegerles y atender a más de seiscientos mil infantes menores de 6 años, con una cobertura superior al 90% a la educación pre-primaria, necesidades que deben ser satisfechas para el año 2016, en cuya fecha también se habla de atender cerca de 460 mil menores de 5 años con las estrategias de base familiar y comunitaria.
Mientras tanto, ante la preocupante realidad de los menores que deambulan por las calles, y piden en las principales arterias del Distrito Nacional y otras del interior del país, tuvo lugar la alianza entre la Procuraduría General y el Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (Codue), a fin de buscar soluciones y proteger a quienes están expuestos diariamente a múltiples peligros, “lo que constituye una situación ante la cual no podemos ser indiferentes”, afirmó el procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, y todo parece indicar que se unirán fuerzas para lograr que estas imágenes dejen de ser parte del escenario cotidiano, al cual se añaden mujeres con vientres abultados y niños en brazos.
Más allá de los negocios- que según afirman-, subyacen tras estas lastimeras realidades-, los esfuerzos aun son exiguos de acuerdo a la magnitud de lo que se ha convertido en parte de la geografía nacional y una seria contraposición de los valores éticos, al intentar ver desde otro prisma una mujer embarazada que pide o un pequeño ser humano en iguales condiciones.
Por encima de cualquier antagonismo de conceptos, hay que saldar esa deuda histórica acumulada con infantes huérfanos, abandonados- o ambas cosas, y el resto de los problemas sociales que pujan en la nación dominicana.
Esa deuda histórica
LA VOZ DE LOS QUE NO LA TIENEN ||
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