Reducir las querellas por daños colectivos y difusos de un hecho determinado a asuntos de carácter ambiental, patrimonial del Estado y excluir otros importantes aspectos que resultaban garantías comunes de un modelo de democracia constitucional como el dominicano, tal y como se aprobó en el Código Procesal Penal, constituye en un verdadero retroceso que deja un sabor muy amargo en la ciudadanía.
Es muy cierto lo planteado por la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), quien calificó como una retracción que en la modificación del Código Procesal Penal se limite la facultad de querella a las personas afectadas de manera directa por un hecho o a sus familiares, lo que viola flagrantemente la lógica de la Constitución de la República.
Hay que tomar en cuenta que la Carta Magna exige de manera literal que se garantice la facultad de denuncia en aspecto de corrupción pública como derecho de los ciudadanos y ciudadanas y que la visión del constituyente no esté limitada a herramientas de control social.
Si bien es cierto que la Ley de Leyes requiere que las denuncias por corrupción cuenten con los aspectos requeridos (evidencias que la soporten), estas reformas aprobadas al Código Procesal Penal, representan una combinación de poco avance y mucho retroceso en esta materia, cuya efectividad implican un serio cuestionamiento a los principios constitucionales. Habrá que ver cómo marcha todo esto, ojalá y que la sociedad dominicana no tenga que lamentarse.
Es un retroceso
LA VOZ DE LOS QUE NO LA TIENEN ||
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