El revuelo ocasionado por la diputada oficialista Minou Tavárez Mirabal, mediante la denuncia acerca de que supuestamente se habían violado los procedimientos legislativos para la aprobación de las modificaciones al Código Procesal Penal (CCP), aparentemente tendrá consecuencias en la Cámara de Diputados (CD).
Es tal la preocupación, que el presidente del hemiciclo, Abel Martínez Duran, pidió a los presidentes de las comisiones de Disciplina y Ética convocar de carácter de urgencia que se investigue lo concerniente al estudio y aprobación del proyecto de Ley que modifica varios artículos del Código Procesal penal.
La petición de Martínez Durán sugiere que las investigaciones abarquen desde el sometimiento de la iniciativa, los trabajos en la comisión, hasta su aprobación en primera y segunda lectura.
En la carta enviada al Consejo de Disciplina y Comisión de Ética, Martínez aclara que el objetivo es esclarecer de manera precisa todo el proceso agotado por esa iniciativa, desde su sometimiento hasta su aprobación.
Sociedad civil
En esa opinión, la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (Adocco), saludó la decisión del presidente de la Cámara de Diputados, de instruir a las comisiones de ética y disciplina para que investiguen lo concerniente al debatido caso.
Adocco acotó que de comprobarse las denuncias hechas en el hemiciclo, deben establecerse responsabilidades y someterse a juicio político a los diputados vinculados, por tratarse de faltas graves en el ejercicio de sus funciones, tal como lo establece la Constitución de la República, ya que en una sociedad democrática resulta inaceptable que uno de los poderes del Estado incurra en ese tipo de error, sin que se siente el precedente de la sanción.
Minou insiste
En tal sentido, MinouTavárez Mirabal aseguró durante la sesión del martes 8 de abril, que se conoció un proyecto que no fue el discutido en la Comisión de Justicia.
“Se les dijo a los parlamentarios que no era necesario remitirlo a comisión, porque iban a aprobar las mismas modificaciones que le habían hecho con anterioridad, lo que no fue cierto.
“No era igual y aquí no se envió a comisión. Se aprobó de urgencia en dos lecturas consecutivas sin que fuera leído, lo que consta en todos los documentos que son de dominio público”, afirmó.
Indicó que el diputado Víctor Suárez depositó el proyecto de ley diferente al que se aprobó en la Cámara Baja y que perimió en el Senado.
“Aquí se dijeron cosas muy serias ese día. El Senado lo devuelve con modificaciones, que nosotros nos permitimos el lujo de no conocer, porque ni siquiera estaba en la agenda del día”, agregó la legisladora del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
Suárez se defiende
El proponente de las modificaciones a varios artículos al Código Procesal Penal, Víctor Suárez, manifestó durante una rueda de prensa reconocer que no leyó antes de firmar los cambios que se le aplicaron a la pieza legislativa para ser reintroducida.
No obstante, explicó que las modificaciones que aplicó al proyecto antes de ser reintroducido fueron consensuadas en vistas públicas en todo el país y en diferentes instituciones de la sociedad, las cuales aseguró no contemplaban cambios al párrafo 3 del artículo 85, sobre las querellas y denuncias de la ciudadanía contra funcionarios del Estado.
El congresista por la provincia de Santiago negó que el proyecto aprobado haya sido el que venció en el 2012 como expuso Tavárez Mirabal.
“Nunca, nunca, desde el 2006 hasta la fecha he tratado de modificar, ni de eliminar ningún párrafo del artículo 85 del Código Procesal Penal”, puntualizó Suárez.
En tal sentido, favoreció que se haga una investigación para determinar en qué momento se introdujeron los referidos cambios al Código Procesal Penal, ya que la última vez que caducó el proyecto, la Comisión de Justicia le sugirió depositarlo tal y como se había aprobado.
Demóstenes responde
Ante las lluvias de acusaciones por las supuestas faltas cometidas por la Comisión de Justicia en la introducción y aprobación del CPP, el presidente de esa dependencia legislativa, Demóstenes Martínez, intentó aclarar lo sucedido.
Aseguró que Tavárez Mirabal le falta a la verdad, cuando denuncia que en la Comisión de Justicia que él dirige se había cambiado el texto aprobado por el pleno de los diputados.
El legislador apuntó que el diputado Víctor Suarez retomó el proyecto de reforma al CPP que había perimido, y lo sometió directamente al hemiciclo, porque ya la Comisión de Justicia lo había conocido en tres ocasiones, y lo había declarado como suficientemente debatido.
De acuerdo al legislador peledeísta, sus colegas del hemiciclo recibieron el proyecto 24 horas antes de conocerse, y algunos plantearon modificaciones u observaciones: “Me tocó destacar el punto que homologa el artículo 85 del CPP con el artículo 22 de la Constitución, que está en el acta que la diputada Tavárez Mirabal presenta en forma parcial, y no ha llevado la parte donde explicamos que incluía el registro de ambos puntos”.
De igual forma, Demóstenes Martínez aseveró que los cambios en el Código Procesal Penal, especialmente en el artículo 85, eran de conocimiento de los miembros de la comisión y del legislador proponente Víctor Suárez.
“Suárez imprimió desde su computador el proyecto con las modificaciones hechas y notificadas de manera verbal y rubricó cada una de las hojas que tiene la iniciativa legislativa: No hay forma de que pueda alegarse que se le agregó una página por otra, ya que está firmada por él”, concluyó.
PE pide TC decida
Ante las divergencias existentes, el Poder Ejecutivo solicitó mediante misiva que sea el Tribunal Constitucional quien decida la permanencia o exclusión del párrafo tercero del artículo 85, del Código Procesal Penal, que regula el derecho de los ciudadanos a presentar querella contra los funcionarios públicos por delitos cometidos durante el ejercicio de sus funciones, así como en los casos de vulneración de los derechos humanos.
